El 10 de julio en la tarde la fotografía de una joven con una bandera en brazos y rodeada por decenas de funcionarios de la GNB en el distribuidor Altamira, conmocionó la opinión pública del país. Paula Colmenares, de 17 años de edad, le puso rostro a las agresiones, maltratos y violaciones de los derechos humanos de las que fueron objetos las 608 mujeres arrestadas durante las protestas de 2017, de acuerdo con el registro del Foro Penal.
La estudiante de Derecho de la UCV relató que durante su arresto en la Base Aérea de La Carlota recibió amenazas e intimidaciones de los agentes militares. También fue herida en la mano izquierda, golpeada y robada por los funcionarios en el momento cuando fue detenida.
Las horas amargas que vivió la impulsaron a hacer la denuncia ante el Ministerio Público, pero a casi tres meses de cumplirse un año de ese suceso aún no han dado con el responsable y no hay ningún funcionario detenido ni sancionado por los delitos que cometieron en su contra.
“El Ministerio Público, en una estrategia perversa, la investigación la trasladó de la Unidad de Delitos de Derechos Fundamentales a la de Niños y Adolescentes que no tiene experticias para investigar casos de ese tipo”, manifestó Andrés Colmenares, director de la ONG Funpaz y padre de Paula.
El activista indicó que en enero acudieron a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para conocer el estatus del expediente, pero hasta ahora no han recibido información al respecto. “Hay impunidad absoluta y total”, denunció.
“El régimen demostró en 2017 que no tiene límites para violar los derechos fundamentales de las mujeres”, expresó Zulmaire González, coordinadora de Acción por la Libertad, ONG que registra los casos de presas políticas.
Aseguró que hubo casos de féminas detenidas por acusaciones –sin pruebas– realizadas por funcionarios del gobierno, tal como ocurrió con Diannet Blanco y Stefanie Salazar que están presas en El Helicoide desde mayo y aún no han tenido audiencia preliminar.
“Les han diferido el juicio ocho veces, porque al Sebin no le da la gana de hacer el traslado”, manifestó un familiar de las jóvenes que comparten celda con otras 25 mujeres en un espacio menor a 12 metros cuadrados. Tampoco tienen agua desde hace más de 10 días y no les permiten tomar sol.
De las 608 mujeres detenidas arbitrariamente, 438 están en libertad condicional con medidas cautelares y 5 están presas en El Helicoide, Ramo Verde y Santa Ana, de acuerdo con el Foro Penal.
La ONG señala que en los primeros tres meses de protestas recibieron cuatro denuncias de casos de tratos crueles, intimidatorios y humillantes asociados a violencia sexual. Muchas otras denuncias fueron narradas por las víctimas a sus abogados, pero no fueron formalizadas o las contaron en sus audiencias, pero luego no ejercieron acciones debido al temor a represalias.
A la espera de justicia
De acuerdo con el último balance de las manifestaciones que ofreció la fiscal Luisa Ortega, entre abril y julio se registraron 112 asesinatos de los cuales, 7 víctimas fueron mujeres.
“El silencio administrativo dice mucho. Me siento decepcionada; nosotros estamos apegados a que Dios los ilumine y se cumpla el debido proceso”, expresó Judith Angulo, hermana de la profesora Janeth Angulo, que recibió un disparo de bala cuando se encontraba en el garaje de su casa en El Tocuyo. El presunto responsable, un funcionario de la Policía de Lara, está detenido, pero su defensa solicitó beneficios ante el tribunal para que sea excarcelado, pese a que apenas ha habido una sola audiencia.
Los familiares de las víctimas temen que la justicia siga engavetada en la oficina de la impunidad de los órganos del país, así como la mayoría de los 127 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas del año pasado.
El Dato
Hoy a las 10:00 am familiares y varias ONG conmemorarán la memoria de los “héroes de la libertad”. La caminata se iniciará en la plaza Altamira y recorrerá los lugares donde fallecieron Juan Pablo Pernalete, Fabián Urbina, David Vallenilla, Armando Cañizález, Miguel Castillo y Neomar Lander.
La cifra
7 mujeres fueron asesinadas entre abril y julio del año pasado durante las protestas, de acuerdo con el último balance de la fiscal Luisa Ortega.