Luego del debate de la asamblea nacional constituyente en el que se planteó la regulación de las redes sociales a través de una ley que busca promover la convivencia pacífica y erradicar el odio, expertos en la materia y activistas defensores de la libertad de expresión advirtieron que esta iniciativa tiene la intención de legalizar la persecución contra quienes hagan críticas al gobierno.

“Están cocinando un instrumento que les permita la persecución e inquisición comunicacional”, dijo el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. Agregó que esa ley, aunque inconstitucional, pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, afirmó que lo planteado por la ANC no debe considerarse como una ley debido a que esa potestad es exclusiva del Parlamento. No obstante, dijo que la discusión dejó ver “que quieren prohibir que la gente exprese lo que piensa en las redes sociales”.

Indicó que la intención de regular hasta la aplicación de mensajes a través de WhatsApp, como lo solicitó la periodista Ester Quiaro en el debate del martes, en el que argumentó que esa plataforma comunicacional es utilizada para enviar mensajes de odio, evidencia el propósito del gobierno de inmiscuirse en las comunicaciones interpersonales.

“Hasta se pretende regular el Whats App que no es una red social sino un mecanismo de comunicación interpersonal que puede llegar a mucha gente. Es desproporcionado querer involucrarse en esa área”, expresó.

La directora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, Mariengracia Chirinos, recordó que la intención de regular las redes sociales no es nueva y que los últimos directores de Conatel plantearon iniciativas para regularizar los contenidos emitidos en Internet y así evitar que se publicaran mensajes incómodos para el Ejecutivo.

Luis Carlos Díaz, periodista y experto en redes sociales, prefirió reservarse los aspectos técnicos que implica esta iniciativa. Dijo que la intención pudiera ser la de ir en contra de los usuarios o de los proveedores del servicio, aunque esto no garantice que se acaben los mensajes que el gobierno considere que promueven el odio.

Díaz señaló que el oficialismo se aprovechó del debate mundial que se está dando sobre los delitos de odio, lo manipuló e intentó adaptarlo a la realidad nacional, aunque no tiene punto de comparación con los países que lo promueven.

“Cuando la gente busque qué es un delito de odio va a conseguir que en Alemania le solicitan a las redes sociales limitar el acceso a los contenidos de los partidos neonazis. Esa nación está discutiendo posibles multas a las redes, pero el mundo tiene claro el porqué de esas acciones contra los seguidores de Hitler”, dijo.

En este contexto, afirmó que el gobierno hace ver a los chavistas como los nuevos judíos y por eso avanza en una ley para controlar mensajes que le resulten ofensivos. “Se teje un cerco que genere autocensura y de no ser así podrían procesar a las personas con la ley que discute la ANC”, señaló.

El especialista recordó que ya hay presos por usar redes sociales. Puso como ejemplo la interpretación que se hizo de unos tuits publicados por Leopoldo López en 2014 por los cuales fue acusado de llamar al odio y a la violencia.

Aumentó persecución contra la prensa

Mariaengracia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, denunció que se han practicado 35 detenciones de periodistas en los primeros 6 meses de este año 2017.

Destacó que en el contexto de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro se han identificado a los profesionales de la comunicación como objetivo para criminalizar la labor que llevan a cabo de informar a los ciudadanos.

Especificó que desde enero se han registrado 313 casos de violación a la libertad de expresión, e indicó que en 259 de ellos alguna instancia del gobierno nacional ha estado involucrada.

Agregó que también se incrementó la persecución contra los medios audiovisuales: “Aumentó el cierre de estaciones radiales y televisivas. Hemos registrado la clausura de 42 medios”.


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