Al menos 700 miembros de la Fuerza Armada Nacional han desertado a Colombia en los últimos días. La razón: están en desacuerdo con las políticas de Nicolás Maduro. Sin embargo, aunque cuentan con la promesa de una Ley de Amnistía, que fue aprobada por el Parlamento venezolano, estos militares podrían no contar con la protección internacional que su situación requiere.
Además de los tratados internacionales en materia de refugio, varios países de la región han incluido en su legislación interna la definición ampliada de refugio de la Declaración de Cartagena, que incluye a quienes huyen de contextos de “violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos o grave perturbación al orden público”.
Pero en el caso de los militares venezolanos que han desertado, el reconocimiento de la condición de refugiado implica un análisis más detallado por parte del gobierno del país receptor. De acuerdo con la Convención de 1951, antes de que un país reconozca a estas personas la condición de refugiado, debe verificar que no hayan cometido crímenes internacionales o delitos graves.
Dicha cláususa pondría en riesgo la estadía de los funcionarios venezolanos fuera del país, debido a los actos de represión durante las protestas que se han registrado en los últimos años que sí se pueden considerar crímenes contra la humanidad.
Con información de Dejusticia