La elección programada para este domingo 20 de mayo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) posee características distintas a las que han definido otros comicios presidenciales en Venezuela, durante la última década. Estas diferencias han generado el rechazo, tanto de los sectores opositores como de numerosos organismos internacionales.
Tradicionalmente, en Venezuela, este tipo de proceso electoral se ha llevado a cabo a principios del mes de diciembre. Adicionalmente, de acuerdo con lo regulado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), una vez electo y proclamado el presidente debe juramentarse y asumir el cargo a mediados del mes inmediatamente siguiente (el 19 de enero del siguiente año).
El adelanto en la celebración de las elecciones realizado por la asamblea nacional constituyente, repercutirá en el incumplimiento de la norma constitucional. En esta oportunidad, el candidato que resulte electo presidente tomará posesión del cargo transcurridos ocho meses de su proclamación.
Julio Castellanos, politólogo y profesor de la Universidad de Carabobo, indicó que existen dos posibles lecturas para justificar una brecha de más de seis meses entre la fecha pautada para los comicios y la toma del poder del nuevo presidente.
“Es un mecanismo desmovilizador del voto en la medida en que cobra poca relevancia votar por quien no podrá gobernar. Además, permite al régimen el tiempo suficiente para que, ante una eventual victoria opositora, busque una excusa para no reconocer al presidente electo”, afirmó el experto a El Nacional Web.
Fracturas en el gobierno
Daniel Varnagy, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar, prevé que, una vez realizadas las elecciones, se producirá un aumento en la cifra de las sanciones y presiones impuestas al gobierno por parte de la comunidad internacional. Considera, además, que estas medidas podrían propiciar deslindamientos de funcionarios del actual gobierno, tal como ocurrió con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Muy probablemente esto genere un aumento en las sanciones internacionales para funcionarios del régimen. Las sanciones están produciendo algunas fracturas a lo interno del gobierno que en estos momentos no estamos viendo pero que posiblemente después de las elecciones se harán visibles”, dijo el experto a El Nacional Web.
Castellanos asegura que existen altas probabilidades de que la disidencia provenga de figuras que se han visto desplazadas en importancia y poder en la toma de decisiones, también funcionarios que ven cercano el momento de su retiro y por consiguiente se resientan anticipadamente de la pérdida de sus cuotas de poder.
“¿Quiénes son los llamados a protagonizar tales distanciamientos? Los gobernadores con vocación de alcanzar la presidencia, militares cuya fecha de promoción los acerca a la baja (y con ello al abandono de los puestos de poder), altos dirigentes del PSUV desplazados por el naciente partido oficial ‘Somos Venezuela’ entre otros”, comentó.
Organización de la oposición después del 20M
Ambos expertos coinciden en la necesidad de la reunificación del liderazgo opositor y la creación de una hoja de ruta a través de la cual trabajar para la transición a la democracia del país.
Varnagy señala que, posterior a las elecciones, se producirá un debate entre las distintas facciones que hacen vida en la oposición para de esta manera reconciliar las diferencias y trazar el camino a seguir.
“Los distintos tipos y grados de oposición crearán una estrategia unificada, pues probablemente la votación tenía mucho que ver con la división de los factores de oposición”, expresó.
El politólogo Julio Castellanos coincide con esta propuesta; sin embargo, añade que la resolución de los conflictos internos de los actores que adversan al gobierno se generará como consecuencia del contexto externo luego de que se den a conocer los resultados electorales.
“La oposición, más por la fuerza del duro contexto que por una estrategia fríamente diseñada, deberá reunificarse”, aseguró.
Comunidad Internacional
Los especialistas consultados afirman que si bien las sanciones internacionales a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro tienen un gran impacto, estas por sí solas no generarán un cambio definitivo en el accionar de quienes controlan el Estado.
“No creo que se pueda generar un cambio a partir de la presión ejercida unilateralmente: la presión interna de la sociedad civil en solitario no puede hacer el cambio, la presión internacional sola tampoco puede lograrlo. Pero empleadas de manera conjunta es muy probable que puedan acelerar un conjunto de procesos que ocasione un cambio de sistema”, aseveró Varnagy.
Castellanos asegura que es necesaria la articulación de la oposición junto a la sociedad civil en el reclamo de los derechos arrebatados por el gobierno.
“El punto clave es la movilización popular exigiendo cambios. Protestas, huelgas, asambleas vecinales, denuncia y activismo opositor son fundamentales”, detalló el politólogo.
Varnagy descartó además, una posible captura del presidente Nicolás Maduro por parte de la Interpol luego de la orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pues asevera es poco factible que este viaje a un país en el cual se pudiese producir su arresto.
“No creo que Maduro tenga previsto viajar durante los próximos meses a un país en el cual no sea bienvenido, por lo tanto si viaja desde Venezuela hacia algún país lo hará a alguno que lo considere un presidente ‘amigo’ donde no debería presentarse ningún tipo de tensión”, afirmó.