El grupo Resteados con la Constitución considera “inaceptable e inapropiada la propuesta de Constituyente que pretende imponer el régimen a la nación”, debido al procedimiento utilizado, de no consultar al pueblo, y a sus propósitos.
“El proyecto de constituyente del presidente, aparte de lo improvisado e innecesario, dada su inutilidad para resolver los gravísimos problemas, contiene tres fallas estructurales que lo definen como espurio”, advirtieron en un manifiesto 18 constituyentes, que abogan por la reconciliación ante la “aciaga hora de la patria”.
Las fallas serían:
1) La ambigüedad de la activación del proceso constituyente, pues el decreto no es claro y las dudas siguen porque voceros como Elías Jaua y Aristóbulo Istúriz descartan una consulta popular. “Si bien el presidente es uno de los actores legitimados para asumir dicha iniciativa, no lo es para convocarla, pues se trata de un derecho irrenunciable del pueblo, único titular del poder constituyente originario”, señalan.
2) El decreto presidencial propone una asamblea nacional constituyente en parte segmentada, es decir, con fracciones de la sociedad. “Como lo exige la Constitución, los representantes del pueblo deben ser elegidos mediante votación libre, directa, secreta y universal y se debe garantizar la personalización del sufragio y la representación proporcional. Resulta indispensable acudir nuevamente al pueblo, que mediante referéndum aprobatorio, se pronuncie sobre el contenido de la carta magna”, alegan.
3) “El objeto de una constituyente es transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
El frente está integrado por los gobernadores de Lara y Amazonas, Henri Falcón y Liborio Guarulla, respectivamente; Ricardo Combellas, Ernesto Alvarenga, Alberto Jordán Hernández, Antonio Di Giampaolo, Carlos Tablante, Humberto Prieto, Leonel Jiménez Carupe, Haydee Brizuela, Freddy Gutiérrez, Reinaldo Rojas, Florencio Porras, Virgilio Ávila Vivas, Jesús Molina Villegas, Gilmer Viloria, Froilán Barrios y Geovanny Finol.
“Lamentablemente, cumplidos 17 años de la vigencia, el proyecto constitucional muestra un balance negativo. La falta de desarrollos legislativos imprescindibles, la violación recurrente de normas y derechos fundamentales, la concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo y la tergiversación de muchos de sus principios y reglas son hechos que definen la negligencia o la intencionalidad de actuar con discrecionalidad y arbitrariedad frente a la sociedad, a la cual se tiene que servir dentro del marco establecido por la Constitución”, advierten.