La organización defensora de derechos humanos, Provea, insta a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que constate la situación en la que están los detenidos recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y en la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Mediante una publicación en Twitter, la organización hizo el siguiente exhorto: »Gobierno de facto de Maduro aceptó acceso del equipo de Michelle Bachelet a centros de detención para monitorear condiciones de detención. Exigimos uso inmediato de este mecanismo para verificar información que indica muerte bajo torturas del capitán Rafael Acosta Arévalo en Dgcim».

Provea enfatizó que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, deberán responder a la justicia si se confirma la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido este 21 de junio, y el 28 de junio iba a ser presentado ante tribunales militares.

«El silencio de Alfredo Ruiz, (defensor impuesto por la Constituyente) cuesta vidas. Silencio ante las masacres de la FAES y el Cicpc, silencio ante las denuncias de torturas, silencio ante las desapariciones forzadas», aseguró Provea.


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