El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha respaldado la aprobación de un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, enmarcado en el Estatuto que rige la transición a la democracia, para buscar proteger a los funcionarios y empleados públicos que participen en el restablecimiento del hilo constitucional, ante una inminente huelga general que convocarán los movimientos sindicales en el contexto de la Operación Libertad.
Así lo aseguran José Trujillo, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social; Servando Carbone, coordinador Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Público, y Daniel Arias, analista político.
“La Ley de garantías para trabajadores establece que toda persona que sea afectada por acción del régimen en su intimidación y coartación de libertad será reenganchada porque hay un compromiso político de la gestión de Guaidó. Ofrece garantías para que no se le vulnere el derecho a la protesta y la huelga de los trabajadores”, explicó Carbone.
Los empleados del sector público se han sumado a la ruta planteada por la oposición para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, desconociendo a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano y al Alto Mando militar, amparados en los artículos 333 y 350 de la Constitución.
“Los derechos humanos, laborales y políticos están establecidos en la Constitución y el régimen a través de sus cuerpos parapoliciales o autoridades, presionan o despiden a los trabajadores del sector público cuando difieren de la destrucción que ha hecho de la calidad de vida”, agregó el dirigente sindical, que participó en la redacción del documento legal.
Denunció que los atropellos del régimen en contra de los servidores públicos han arreciado desde el mes de octubre, cuando detuvieron al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, luego de encabezar una protesta en Caracas en defensa de las convenciones colectivas de los trabajadores.
Brindará estabilidad laboral
La Ley de garantías para trabajadores que participen en el restablecimiento de la democracia fue aprobada en primera discusión el 2 de abril, dos semanas después de que dirigentes sindicales hicieran entrega de la misma al Legislativo, luego de una marcha desde la avenida México que fue obstruida por cuerpos de seguridad del Estado y un grupo de motorizados afecto al oficialismo. El viernes 12 de abril, comenzará el proceso de consulta pública en la sede administrativa del Parlamento a las 9:00 a.m.
Esta norma consta de un capítulo, siete artículos, una disposición derogatoria –que plantea el levantamiento de la prohibición de huelga en zonas de seguridad–, tres disposiciones transitorias y una disposición final y cesará al cumplirse lo establecido en el Estatuto que rige la transición a la democracia.
En su artículo 4 garantiza que a los funcionarios públicos y trabajadores que hayan sido despedidos por represalia política o hayan sido objeto de detenciones arbitrarias, les serán restituidos todos sus derechos humanos laborales y les serán pagados sus salarios caídos y pasivos laborales, con sus respectivos intereses de conformidad con la ley.
En su artículo 7 establece la creación de un órgano especial que se ocupará de la recepción, sustanciación y decisión de los casos denunciados por los afectados.
“Queremos que los empleados públicos que actúen en el cese de la usurpación no sean despedidos, como ha ocurrido desde el gobierno de Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro. Le brindaremos estabilidad laboral para que en caso de que actúen en el gran paro nacional que va a venir, no tengan miedo de ser despedidos porque vendrá su reenganche inmediato”, manifestó Trujillo.
Explicó que este proyecto es similar a la Ley de amnistía para funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que todos los empleados que han sido despedidos por diferencias políticas, por protestar o negarse a asistir a movilizaciones gubernamentales y los que han abandonado sus puestos de trabajo para huir del país por ser perseguidos o en busca de una mejor calidad de vida para ayudar a sus familias, puedan ser reenganchados en los cargos que ocupaban antes de que se presentara dicha situación.
Con la Ley de garantías para empleados públicos y privados también se pretenden resguardar las reivindicaciones sociales consagradas en la Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y en los convenios internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo.
“El control de los empleados públicos es vital en la lucha política”
Cerca de 4 millones de empleados públicos hay en el país, prestando su servicio en ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades e institutos autónomos, por lo que contar con ellos para lograr un cambio de gobierno sería un gran triunfo para la oposición.
“Esas personas estarían arriesgando sus trabajos si pasan a una posición activa en contra del gobierno. La oposición las quiere salvaguardar en caso de que sean despedidas en represalias, en vista de que el control de los empleados públicos es vital en esta lucha política”, aseguró Arias.
Indicó que este es un nuevo frente de lucha de la dirigencia opositora, debido a que las medidas del Ejecutivo han desmejorado a los empleados públicos, los que han llevado a cabo diversas manifestaciones de carácter reivindicativo y ahora proponen una huelga nacional “que terminaría de paralizar al país”.
Consideró que la norma representa amenaza frontal a la cúpula gobernante, dado que con la derogación de la prohibición de huelga en zonas de seguridad, podría llevar el conflicto social y laboral a cuarteles policiales y militares, y a sitios estratégicos como el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
“Mientras no se paren los empleados públicos existe una sensación de normalidad, por eso se busca la paralización total que obligue a la renuncia de Maduro”, sentenció el politólogo.