Desde el primer momento en que se inscribieron ante el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) para optar al cargo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a 159 abogados les cambió la vida.
El hecho de presentarse como alternativa ante la Espada de Damocles que significa el TSJ para el gobierno de Nicolás Maduro contra todo lo que les parece disidencia (empezando por la propia AN), terminaría traduciéndose como un acto de “rebeldía” ante un régimen para el cual “su” Poder Judicial, lejos de ser anticonstitucional, era—y es— aplaudido e indiscutido en cada una de sus sentencias por el madurismo.
Apenas unas horas tuvieron que pasar para que el 21 de julio, cuando el Parlamento nombró a 33 magistrados al TSJ, voceros del gobierno, conjuntamente con Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, dijera que los recién elegidos eran unos criminales, por lo que debían ser buscados por cuerpos de seguridad y puestos al orden de la ley.
“Al realizar ese acto írrito estamos en presencia de un delito en flagrancia permanente. Estos ciudadanos no solo cometieron el delito de usurpación de funciones, sino traición a la patria”, leyó entonces Mendoza en un comunicado.
Un mes después no han podido instalarse ni dictar sentencias, y el grupo se repartió entre quienes están presos, refugiados o en el exilio. Pero los abogados mantienen firmes las convicciones que los llevaron a asumir tales riesgos.
Protegido pero preso
Joel García Hernández, abogado de Elenis Rodríguez, magistrada de la Sala Constitucional y quien se encuentra asilada en la residencia del embajador de Chile en Caracas, negó que el procedimiento haya sido irregular o que se hayan usurpado funciones.
Al contrario, rechazó las acciones que tomó el gobierno contra los juristas. “Elenis Rodríguez es actualmente una presa política porque su libertad quedó restringida a los límites de una residencia diplomática solo por defender la Constitución”, dijo García Hernández en declaraciones a El Nacional Web.
Y aunque mientras permanezca dentro de ese recinto, el gobierno de Maduro no podría si quiera intentar detenerla, consideró que lo correcto sería que a Rodríguez la dejen trasladarse a territorio chileno, cosa que hasta los momentos no le han permitido.
“Para darle el salvoconducto le pidieron que renunciara a su cargo, pero ella se negó rotundamente y por eso se asiló”, reveló García, exaltando que por ende la reconocieron como miembro del Poder Judicial, pues no se puede requerir la dimisión de alguien que presuntamente no ocupa tal puesto.
No obstante, confía en que en las próximas semanas finalmente las autoridades venezolanas cedan y permitan no solo a Rodríguez, sino a los cinco magistrados que se encuentran refugiados en esa residencia, poder salir rumbo a tierras australes.
Exigir justicia desde el exilio
Distinta fue la decisión de Pedro Troconis, magistrado de la Sala de Casación Penal, quien decidió irse al exilio con destino a Colombia, adonde arribó a sabiendas de que si se quedaba en Venezuela sería objetivo de cuerpos de seguridad.
“El comienzo fue desagradable. Tuve que exiliarme debido a la persecución del Sebin, que llegó a las casas de varios de mis familiares e incluso a mi oficina personal buscándome, como si yo fuera un premio”, relató Troconis para El Nacional Web.
Contó que llegó a suelo colombiano cruzando la frontera, y apenas al situarse allí, notó la diferencia: por una parte, el gobierno le abrió las puertas y le facilitó los trámites migratorios; por otra, fue ayudado por los ciudadanos, que aseguró, le brindaron un trato cordial.
“Jamás nos tildaron de prófugos”, agradeció.
Pero su periplo no se detuvo allí, sino que posteriormente viajó a Estados Unidos, donde además de reunirse con funcionarios de la administración de Donald Trump, pudo reencontrarse con colegas que, al igual que él, huyeron de Venezuela por el simple hecho de haber sido nombrados como magistrados del TSJ.
“Hemos visto muchos venezolanos que quieren colaborar pero han tenido que salir de Venezuela por causas parecidas a las nuestras. Otros buscaron mejor calidad de vida, sin embargo, la mayoría quisiera regresar”, evocó.
Lejos de querer asentarse en Estados Unidos o pedir un asilo político, reveló que los magistrados tienen previsto seguir desplazándose por el continente. Entre sus destinos, tienen pensado retornar a Colombia e ir a Argentina y México.
Incluso anhelan reunirse con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, quien se exilió con su esposo, el diputado Germán Ferrer, luego de que ambos fuesen amenazados con ser detenidos y apresados por el régimen de Maduro, que tras la instalación de la asamblea nacional constituyente (ANC), ordenó que ambos fueran pasados a juicio ante, paradójicamente, el TSJ al que los nuevos magistrados tildan de ilegítimo e inconstitucional.
Eso sí, la reunión tendría que esperar, pues Ortega Díaz, que también vio en Colombia su puerta de salida, se encuentra en Brasil, pero con la firme intención de ir a Estados Unidos para acudir a la Organización de Estados Americanos y Organización de Naciones Unidas, y hacer lo propio ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda.
“Tendremos que ponernos de acuerdo pero queremos encontrarnos con la fiscal”, confirmó Troconis, al tiempo que remarcó que no les ha sido fácil mantenerse en el exterior, pues los abogados han tenido que subsistir con sus ahorros personales, razón por la cual, deslizó, algunos quizá optaron por refugiarse en embajadas.
“Es un privilegio que nos acudan pero allí el margen de maniobra se limita a una sede diplomática, dificultando reuniones y dependiendo d un salvoconducto”, analizó.
Peleando desde la cárcel
Quizá la peor de las suertes entre los 33 magistrados corrió por cuenta de Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa, que poco antes de asumir su cargo fue abogado defensor de Ortega Díaz en el antejuicio de mérito que le abrió el TSJ antes de su destitución, y que apenas horas después de ser juramentado por el Parlamento fue detenido por funcionarios del Sebin en Los Cortijos de Lourdes, al este de Caracas.
Al jurista lo aprehendieron el 22 de julio, lo procesaron ante tribunales militares, ante los que tuvo que defenderse él mismo, y lo enviaron a la sede del Sebin de El Helicoide, donde permanece apresado desde entonces.
Sus condiciones de reclusión, que iniciaron en aislamiento y encerrado en un baño de ese recinto penitenciario, se han visto endurecidas, pues desde el 24 de julio mantiene una huelga de hambre que sobrepasa los 30 días y le ha hecho perder alrededor de 15 kilos.
«Tengo miedo de que en cualquier momento nos llamen y digan que murió”, confesó su hija Carmina en entrevista con El Nacional Web el 18 de agosto.
El jurista, de 56 años de edad, además es hipertenso y sus familiares no están al corriente de si los efectivos del Sebin le han hecho llegar las pastillas que envían.
De lo que sí están seguros es que al jurista no se le ha trasladado a un centro médico para constatar su estado de salud, ya que esa es la condición que colocó para volver a ingerir alimentos.
«No sé si estará vivo o muerto para mañana, pues en las condiciones en las que está, en el lugar donde está, no habrá tiempo porque si le da una hemorragia en 15 minutos podría perder la vida”, agregó Carmina.
Su situación ha sido rechazada no solo por el resto de los magistrados, sino por dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y distintas ONG que exigen su liberación inmediata.
Sin embargo, su destino no está en manos de ninguna embajada, ya que se encuentra preso y con una causa penal en su contra, por lo que únicamente los jueces pueden dar un vuelco a su estatus.
“Se violaron sus derechos durante su detención y no se ha respetado el debido proceso”, criticó García Hernández, representante legal de Elenis Rodríguez.
«No hay dos TSJ»
García Hernández atinó que en su debido momento, no solo asumirán sus cargos frente al Poder Judicial, sino que la historia les reconocerá su sacrificio.
“Una de las preguntas del Comité de Postulaciones era si sabían a qué se estaban sometiendo y todos dijeron que sí, solo por defender la Constitución”, rememoró.
Y es que los magistrados nombrados por la AN en julio no están usurpando las funciones del Poder Judicial nombrado en 2015 cuando el Parlamento todavía tenía mayoría oficialista, consideró Troconis.
Por el contrario, quienes en los últimos días se subordinaron en un acto público frente la ANC, ya no tienen facultades para seguir ejerciendo sus funciones.
“Renunciaron públicamente al poner sus cargos a la orden ante una ilegítima ANC, que no está ajustada a la Constitución. Están usurpando un cargo y no tienen facultades para firmar sentencias”, argumentó, deseoso de algún día retornar a Venezuela para poner a la justicia al servicio de la gente y no seguirla utilizando como el brazo ejecutor de quienes, por el momento, permanecen atornillados al poder.