Gabriela Ramírez es de hablar pausado. Pareciera meditar cada palabra, como para no equivocarse. Eso cambia cuando se le pregunta por el proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro. Allí es tajante: “Tenemos una convocatoria ilegal, es inconstitucional”.
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Central de Venezuela, fue diputada a la Asamblea Nacional y defensora del pueblo. En mayo renunció a su trabajo como consultora del Tribunal Supremo de Justicia.
“Es difícil hacer predicciones de adónde va a terminar esto, pero no son nada alentadoras para la paz. El juego está trancado. Lo único de lo que estamos seguros es de que no queremos soluciones extremas, aspiramos la reconstrucción del tejido social para poder elevar propuestas concretas en torno a los problemas que atraviesa el país”, subraya.
Afirma que la constituyente no tiene el apoyo suficiente para llevarse adelante: “Una visión de país no está participando y los que formábamos parte de la otra visión tampoco lo hacemos porque lo consideramos un proceso abiertamente ilegal”.
Cree que Nicolás Maduro no debe continuar con ese proceso. “El presidente debe echar para atrás la constituyente. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Es el que debe decidir. Quienes salgan elegidos como constituyentes no podrán llamarse así, aunque voten por ellos 20.000 o 30.000 personas, porque no fue el pueblo quien les dio la autoridad”, señala.
Aún confía en que el mandatario nacional reconsidere la propuesta. “Yo creo que sí puede echar para atrás. En principio no estaba planteada la consulta posterior y las modificaron. Eso es muy buen síntoma, que habla de una disposición a escuchar. Si seguimos insistiendo en que se haga lo que dice la Constitución es posible que se agregue el paso que está faltando”, precisa.
Otros tópicos
Gabriela Ramírez es consciente de que el gobierno debe rectificar en muchos aspectos. Sabe que el tema económico es materia pendiente: “Estamos en un proceso de hiperinflación que a todos nos afecta. La inflación se mete en el bolsillo de la gente que depende de un sueldo”.
Alerta sobre la escasez de medicinas y pide que se busque una solución para que quienes están enfermos reciban su tratamiento. “En esa arrogancia e incapacidad de escucha quien sufre es el pueblo porque han visto disminuida su calidad de vida”, sentencia.
Aún le ve posibilidades al diálogo, con una mediación que sea representativa y con sectores que sean reconocidos. Rechaza los extremismos.
Llama a los organismos de seguridad del Estado a actuar en las manifestaciones respetando los derechos humanos: “Todas las actuaciones desproporcionadas deben ser castigadas. Deben responder de forma individual por los excesos. Los funcionarios deben ser castigados. Los que cometan excesos al punto de muerte deben ir presos y se les debe dar pena máxima porque además lo hicieron con un uniforme representando al Estado”.