Familiares de los presos políticos venezolanos solicitaron este jueves en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, la visita de Michelle Bachellet, la alta comisionada de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Venezuela para que constate el estado de los opositores.
«Somos familiares de presos políticos que estamos hoy aquí pidiéndole, exigiéndole a Naciones Unidas, a la ONU, que envíe a la alta comisionada de derechos humanos a Venezuela, que venga para Venezuela», dijo Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.
Tintori, que pegó carteles con los nombres de los presos en las paredes del PNUD, indicó que esta solicitud se debe a que los familiares temen por la vida de los detenidos que creen, está en riesgo, puesto que aseguró que el gobierno de Maduro no garantiza la vida de los detenidos.
La opositora recordó que este lunes el concejal Fernando Albán, considerado preso político, cayó desde el décimo piso del Servicio de Inteligencia (Sebin), donde estaba detenido.
La Fiscalía indicó que el concejal se suicidó, pero el Parlamento, de mayoría opositora, y líderes antichavistas sostienen que se trató de un homicidio.
Tintori, que se encontraba en compañía de familiares y abogados de los presos, insistió en esta tesis.
«Mañana pueden amanecer muertos (los opositores privados de libertad), no queremos recibir otra noticia de muerte de algún otro preso político como Rodolfo González (un opositor que supuestamente también se suicidó en 2015 en el Sebin), como Fernando Albán», dijo.
La esposa de Lopéz exigió una fe de vida de Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, porque aseguró que no se sabe si está vivo o muerto, debido a que sus familiares llevan dos meses sin verlo.
«Y siguen los rumores de que hay un muerto en la tumba», dijo Tintori.
Los familiares de presos como Fred Mavares, un policía que permanece detenido pese a que aseguran tiene boleta de excarcelación hace más de dos años; o del diputado Juan Requesens, detenido por supuestamente estar implicado en el atentado al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto, exigieron la libertad de todos.
La oposición venezolana señaló que existen 400 detenidos políticos de los cuales 160 son militares, aunque la ONG Foro Penal indicó que son más de 200.