En la plenaria de ayer, la Asamblea Nacional pidió considerar presos políticos a Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, detenido en la cárcel de La Pica, estado Monagas, y a Douglas Álvarez, Jodney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Jaimes, obreros recluidos en el penal de El Dorado, en Bolívar.
El Legislativo solicitó que los trabajadores sean incluidos en las listas certificadas internacionalmente y rechazó estas detenciones por “ilegítimas”, por lo que requerirá a la Organización Internacional del Trabajo que condene de manera categórica la judicialización de la protesta laboral y sindical.
La propuesta la hizo el diputado José Prat, quien aseguró que estos trabajadores deben tener el rango de presos y perseguidos políticos puesto que, al igual que a los jóvenes en 2017, fueron enviados a cárceles comunes por ejercer el derecho constitucional a la protesta. “Refirámonos a ellos como presos políticos de este régimen; de ese modo defendámoslo y luchemos por su liberación”, exigió.
Denunció que la escalada de persecución de los obreros se debe a la exigencia que hicieron las empresas de capital chino, de acabar con las protestas, la libertad sindical y los contratos colectivos para tomar las aéreas operativas de la estatal. “El imperio chino ordena a Nicolás Maduro acabar con esto para ellos poder tomar aéreas operativas, cosa que es ilegal. No es una privatización, es la entrega de Ferrominera del Orinoco. Hay una entrega en cuotas de la soberanía nacional”, aseguró.
En la sesión estuvieron presentes José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; Luis Cano, del Sindicato de Hospitales y Clínicas, y el dirigente Mauro Zambrano; Marlene Sifontes, de Inparques; Jesús Serrano, de la Cancillería de la República, y Andrés Rivero, de Defiende tus derechos AN.
Zambrano indicó que atacan al movimiento sindical por salir a la calle a exigir el derecho a la alimentación, salud, condiciones de trabajo y salarios dignos. Agregó que más de 1.200 trabajadores han sido despedidos por este motivo.
El dirigente sindical alertó que aplican la justicia militar a quienes protestan por reivindicaciones laborales, y llamó a los ciudadanos, políticos y sindicalistas a articularse para ir a una gran protesta en defensa de los derechos constitucionales.
Torres denunció que 15 dirigentes sindicales están bajo régimen de presentación. “La AN debe tomar cartas en el asunto y exigir respuesta a la situación de estos compañeros”, demandó.
El Parlamento debatió los proyectos de leyes de recuperación de activos productos de la corrupción y de migración de retorno, y sancionó la especial sobre el régimen de pensiones de vejez no contributivo.
El Dato
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, comenzó el debate sobre la segunda discusión del proyecto de Ley de recuperación de activos productos de la corrupción, el cual contiene 126 artículos. “El pueblo debe saber que hay una ley para recuperar el dinero que se ha robado este régimen y reinvertirlos en lo que falta en el país”, dijo. Los parlamentarios aprobaron la modificación de algunos artículos y difirieron a una próxima sesión la sanción.