Transparencia Venezuela hizo una recopilación de los procesos que se siguen en el mundo contra venezolanos señalados de desfalcar 13.199 millones de dólares, y denuncia que la corrupción ha tejido redes que se han extendido a la banca y empresas en otras naciones.

“Las altas sumas de dinero y el perfil de los funcionarios involucrados, así como la complejidad del entramado, impulsó el seguimiento de estos expedientes por parte de Transparencia Venezuela, lo que permitió identificar al menos 15 casos contra 70 corruptos venezolanos, que han tejido relaciones personales y empresariales en Europa y América para apropiarse de los fondos de las arcas del Estado”, indica la organización en una nota de prensa luego de presentar el documento sobre la corrupción en  Venezuela.

La ONG describe que en los casos han participado funcionarios de alto nivel. La mayoría son recopilados en el capítulo del Informe de Corrupción 2018, presentado en la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela, denominado “Una historia con impacto internacional”. Se trata de expedientes abiertos en países como España, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Argentina y el Principado de Andorra.

“Estas naciones profundizan las investigaciones mientras la justicia venezolana sigue guardando silencio. La mayoría de los casos son adelantados en Estados Unidos y España, países donde también se han incautado millonarios bienes a los implicados”, afirma.

Entre los negocios están la llamada Operación Money Flight, un desfalco en Pdvsa de 1.200 millones de dólares; los 2.400 millones de dólares que habría sustraído el ex tesorero de la nación Alejandro Andrade y otros cómplices; los 4.200 millones de dólares en sobornos blanqueados por el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y sus cómplices, y hasta el conocido caso del “maletín”, con recursos comprometidos que totalizan 4,2 millones de dólares.

José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional y ex procurador especial del caso Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú, reflexiona en el documento sobre el caso venezolano, en un texto titulado “La gran corrupción en Venezuela y su impacto en la región latinoamericana”.

Entre lo que relata el informe, se enumera que en 2018 el Estado era dueño de 576 empresas, 441 creadas o estatizadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con un desempeño 100% negativo.

En las pesquisas salieron a relucir casos de sobreprecios, empresas intermediarias, asignación de contratos y sobornos, bajo el amparo de la estrecha relación entre el presidente Hugo Chávez y los Kirchner, apoyados en un complejo entramado, y dirigidos por una operación desde la llamada “Embajada paralela de Argentina en Caracas”.

Por todos esos procesos, solo el año pasado la lista de sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países, creció hasta llegar a 108 personas entre funcionarios, ex funcionarios y unos pocos relacionados. Se menciona por supuesto el caso Odebrecht y un análisis especial sobre el Consejo Nacional Electoral.


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