La aparición de un hombre en un helicóptero que sobrevolaba las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el ministerio de Interior y Justicia impactó a la sociedad venezolana el 27 de Junio de 2017.
Óscar Pérez, quien se desempeñaba como piloto del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), era quien lideraba aquella acción. Desde entonces, se convirtió en uno de los nombres más mencionados dentro del gobierno y de la opinión pública venezolana.
Desde aquella unidad aérea los compañeros de Pérez se encargaron de mostrar una bandera que invitaba a aplicar el Artículo 350 de la constitución, ese que llama a los venezolanos a desconocer cualquier régimen que contraríe los principios democráticos.
Posterior a lo sucedido, el gobierno no tardó en emitir una alerta nacional e internacional para dar con la captura del ex funcionario, quien fue también declarado por el Cicpc como el hombre más buscado del país.
En el marco de los días siguientes fue anunciado por Tareck El Aissami, ex vicepresidente ejecutivo, que el helicóptero había sido encontrado en la población costera de Osma, en el estado Vargas. Sin embargo, Nicolás Maduro seguía sin encontrar la pista de Pérez y pedía ayuda para capturarlo.
Efectivamente, el 5 de julio Pérez se dirigió a los venezolanos mediante un video en el cual explicaba sobre el aterrizaje forzoso que tuvo que realizar en Vargas, confirmando así las declaraciones emitidas por El Aissami. Luego se conoció que, la División Contra el Terrorismo del Cicpc, arrestó a tres ciudadanos en Caracas por presunta implicación en el caso.
En el curso de los meses Pérez hizo apariciones en marchas, donde a través de su discurso hacía llamados a la lucha por el país. Además, en ocasiones ofreció entrevistas para cadenas televisivas internacionales.
En octubre, El Aissami aseguró que el ex policía y Leopoldo López mantenían comunicación con organizaciones terroristas para atentar contra los servicios públicos de Venezuela. Pérez desmintió al ex vicepresidente e indicó que sus acusaciones formaban parte de una estrategia para distraer a los ciudadanos.
Los últimos meses del año el ex piloto difundió videos en los que trataba temas como la crisis política y social del país, además de advertir a los altos funcionarios del gobierno que serían “perseguidos y enjuiciados por el pueblo”.
El penúltimo día del año 2017, Pérez denunció un ataque a sus padres y el incendio de la casa donde vivía. Aseguró que las autoridades atacaban a todas las personas que estuvieran vinculadas con él, incluyendo a sus hijos.
Los días más difíciles del ex inspector empezaron en enero de 2018, cuando faltaban solo pocos días para que su escondite fuera descubierto.
Fue el 15 de enero cuando los venezolanos observaron a través de los videos publicados por Pérez en su cuenta de Instagram el operativo que se llevaba a cabo en su contra. Ese día las fuerzas de seguridad del Estado acabaron con la vida de Pérez y la de seis personas más que se encontraban refugiadas con él.
La masacre en contra de Óscar Pérez y sus compañeros dejó en evidencia internacional el proceder del gobierno. Su muerte hizo que personalidades de la política acusaran a Nicolás Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad.