En la audiencia oral y pública, en el Congreso de Colombia, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio solicitar a Interpol emitir alerta roja para la captura internacional del presidente Nicolás Maduro. También solicitó a la Fuerza Armada que ejecute la captura contra Nicolás Maduro y lo pongan a la orden de un tribunal. “Solicito que le intervengan sus bienes y cuentas. Espero que se haga justicia”.
El petitorio se deriva de la acusación por la supuesta comisión de delitos de corrupción y de legitimación de capitales en los que habría incurrido el mandatario. De allí que la fiscal solicite a los magistrados declarar la existencia de méritos para establecer la responsabilidad penal del presidente, que aspira a la reelección en los comicios del 20 de mayo.
Ortega Diaz formuló la acusación en nombre del Estado. Dijo que en la investigación preliminar del Ministerio Público “surgieron serios elementos que comprometen la responsabilidad de Maduro en corrupción y legitimidad de capitales”. Afirmó que el mandatario le pidió 50 millones de dólares al dueño de Odebrecht para financiar su campaña, con el compromiso de favorecer los contratos de la constructora. “Tomó posesión el 19 de abril y el 4 de mayo de 2013 ya estaba aprobando los puntos de cuenta para los desembolsos de los dineros a Odebrecht”.
Aseguró que “toda la trama de corrupción comenzó a partir de un convenio marco firmado por Maduro”. Añadió que la Asamblea Nacional, presidida en aquel entonces por Cilia Flores, impidió investigación sobre Odebrecht.
Destacó que el entramado de corrupción de la empresa brasileña afectó a América Latina, pero en el país tuvo repercusiones importantes: «Puedo afirmar con responsabilidad que Venezuela fue el país donde se causó el mayor daño al patrimonio, un daño total al patrimonio público. Dañó al público que puso su esperanza en tener calidad de servicios, proyectos de infraestructura que contribuirían a mejorar su calidad de vida, se violó la credibilidad de las instituciones y las consecuencias se reflejan en la grave crisis humanitaria que vive Venezuela actualmente».
Argumentó que la Fiscalía a su cargo abrió dos investigaciones sobre los pagos ilícitos a Odebrecht en 2015 y en 2017: La primera fue referida al pago por el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, por el que dijo se cancelaron más de 200 millardos de dólares. Esta obra forma parte de los 13 proyectos que la empresa brasileña no concluyó.
La fiscal apuntó que la segunda investigación estuvo relacionada con 98 millones de dólares que se habrían cancelado en sobornos a funcionarios.
Señaló que en el caso de Odebrecht estarían vinculados el constituyente Diosdado Cabello, el ministro Elías Jaua, el ex ministro Haiman el Troudi, el general Gustavo González López y Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, entre otros.
Maduro no asistió a la audiencia pública, en Colombia, por lo que el TSJ en el exilio lo declaró en contumacia y acordó la fijación de un defensor público. El tribunal tendrá seis días para decidir si procede el enjuiciamiento.
Unión Interparlamentaria visitará Venezuela La directiva de la Unión Interparlamentaria Mundial acordó viajar al país para constatar la situación de la Asamblea Nacional, a propósito de una reunión que mantuvieron en Ginebra, en la que también estuvo presente una delegación de diputados opositores. Omar Barboza, presidente del Poder Legislativo, indicó que la visita podría ser entre junio y julio. Delsa Solórzano, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la UIM, informó que se aprobó una resolución que ordena al Ejecutivo devolver los recursos económicos al Parlamento. Además, se pidió el cese inmediato del acoso contra este cuerpo colegiado y se brinde protección a 57 parlamentarios, ente los que se encuentran Julio Borges, Tomás Guanipa, Williams Dávila, Henry Ramos Allup, Germán Ferrer –esposo de Luisa Ortega Díaz–, Gaby Arellano, Richard Blanco y Luis Florido. |