La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció que el presidente Nicolás Maduro desvió del fisco nacional entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo.

La denuncia la formuló durante una rueda de prensa en San José, Costa Rica, luego de reunirse con su homólogo de esa nación, Jorge Chavarria Guzmán por más de dos horas.

En su declaración a los medios de comunicación destacó: “Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 (millones) y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma”.

Explicó que se encontraba en el país centroamericano para denunciar ante la Corte interamericana de los Derechos Humanos al presidente Maduro.

Ortega Díaz reveló que para la “millonaria trama de corrupción” se ha utilizado “como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa”, cuya propietaria es Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la constituyente.

Agregó que “esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Jesse Chacón y Maximilian Sánchez Arveláez”.

Reiteró que entregó pruebas de este caso y de otros a fiscales de Estados Unidos y Brasil, y ayer a Chavarría, quien además es secretario general dela Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Justificó la entrega de pruebas en distintos países alegando que en Venezuela “no va a ser posible hacer Justicia”.

Su vida corre peligro. Ortega Díaz aseguró que no volverá a Venezuela porque su vida corre peligro, pero garantizó que seguirá luchando desde fuera para que en el país regrese la democracia y la libertad. “Yo no puedo regresar a Venezuela. Si regreso, me van a encarcelar; me pondrán un uniforme fucsia y me desaparecerán, me van a torturar y me van a desaparecer”.

Insistió en señalar que autoridades venezolanas habrían contratado sicarios para atentar contra su vida y la de otros fiscales que pretenden denunciar los abusos atribuidos al gobierno de Maduro.

“Vengo específicamente a formular una denuncia ante la fiscalía de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero denunciar eso en Costa Rica porque hay fiscales y directores que están en la misma situación”, dijo.

Ortega Díaz llegó ayer a Costa Rica y tenía previsto visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ella y la Fiscalía del país centroamericano se negaron a ofrecer detalles de su agenda por motivos de seguridad.

Buscan violar derechos. La cifra que maneja la fiscal indica que en Venezuela existen 37 privados de libertad por razones políticas a quienes los jueces han otorgado órdenes de excarcelación, pero siguen presos por orden del gobierno de Maduro sin la posibilidad de que alguien intervenga en favor de ellos.

Afirmó que tiene identificados a los autores de torturas y que las autoridades policiales, militares y de inteligencia han institucionalizado el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles.

“Se cometen delitos contra la población indefensa. Esta situación se ha agravado con la ilegítima constituyente del presidente Maduro. Con esta asamblea se buscan mecanismos de violación de los derechos humanos, la aniquilación de la disidencia política”, afirmó.

Añadió que el gobierno toma medidas administrativas que impiden la libre circulación de ideas, como el cierre de emisoras de radio, televisoras, la restricción del papel para los medios impresos, y ahora pretende controlar las redes sociales, “lo último que les queda a los venezolanos”.

Cruzada continental 

Ortega Díaz afirmó que se encontraba en una “cruzada continental” para denunciar los atropellos que viven los venezolanos y busca el apoyo regional para restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho en el país.

“Solo el ordenamiento jurídico internacional podrá aplicar justicia en Venezuela, por que desde Venezuela ya no se puede”, advirtió.

Puntualizó: “Venezuela día a día sufre por la falta de alimentos, medicinas; hay un grave problema de salud. En un país con tantos recursos, nuestros compatriotas están comiendo de la basura; además, vivimos una sistemática violación de los derechos humanos”.


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