Política

Ortega Díaz no hizo “un favor”, solo cumplió con un deber

Analistas aseguran que las declaraciones de la fiscal general no deben magnificarse, pues todo alto funcionario está obligado a denunciar “ruptura constitucional” cuando así lo considere

Luisa Ortega Díaz

 Luisa Ortega Díaz, Fiscal General, este viernes durante el balance de la gestión del Ministerio Público 2017.

Por Gabriela Morales

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz,  se pronunció hoy en la mañana en contra de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales no solo despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional (AN) sino que le otorgaron “poderes especiales” al presidente Nicolás Maduro, lo que sorprendió a medios de comunicación y ciudadanos de a pie.

Según gran parte de la comunidad internacional, expertos y partidos opositores, estas sentencias quebrantan el orden constitucional en Venezuela; una premisa con la que coincidió la representante del Ministerio Público en sus declaraciones.

“Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”, advirtió la funcionaria.

Ortega es una de las pocas funcionarias en la historia del Ministerio Público que ha sido ratificada no solo por el presidente Maduro sino también por el difunto ex mandatario Hugo Chávez Frías. Además, es quien ha permanecido más tiempo como fiscal general

No fue un favor sino un deber

El politólogo José Rivas de Leone, explicó que es un deber de los funcionarios pronunciarse cuando se considere que se ha roto el orden constitucional.   “El Ministerio Público está obligado a llamar a recato”, expresó el doctor en Ciencias políticas.

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, señaló que las acciones de Ortega no deben magnificarse. “Hay que mostrarlo en su entera dimensión. La fiscal sólo ha cumplido su trabajo. No es un favor ni una concesión”, acotó.

Para el también profesor de la UCV, en un país donde hacer lo correcto es visto como algo extraordinario y hasta heroico, la mera acción de hoy de la Fiscal puede exaltarse a niveles absurdos.

Haro explicó que hay una clara separación entre el Tribunal Supremo de Justicia (que forma parte del Poder Judicial) y el Ministerio Público (una de los tres órganos que representan al Poder Ciudadano), por lo que las acciones de la fiscal se ven limitadas a solo la exhortación y llamado de atención de restablecer el hilo constitucional.

No es la primera vez que Ortega se ha pronunciado en contra o en desacuerdo de las decisiones de otros poderes del Estado.

“Ha habido un cambio desde 2016 para acá de parte del Ministerio Público. Ahora hay una administración más garantistas, un fortalecimiento institucional y se han hecho mayores esfuerzos por garantizar derechos constitucionales”, recordó.

Repercusión de las declaraciones

Según Rivas de Leone, el hecho de que Ortega haya admitido que existe una ruptura del orden constitucional significa que, de hecho, “el Tribunal y sus magistrados se han extralimitado” y considera que la declaración de la fiscal es pertinente porque “no se puede aceptar que el TSJ tome para sí poderes que no le competen”.

Por otra parte, el profesor Haro no niega que la declaración de Ortega pueda influenciar positivamente en la posición de otros países en cuanto a las medidas a tomar sobre Venezuela.

“No es lo mismo que lo diga una ONG, un experto o la oposición a que lo diga una alta funcionaria con deberes y responsabilidades constitucionales”, destacó.

También considera que las declaraciones de la fiscal “podrían enriquecer los argumentos y las decisiones de la oposición”.

Posible denuncia

Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que, aunque la fiscal no puede intervenir en las decisiones del TSJ, si podría denunciar ante el Consejo Moral Republicano a los magistrados del TSJ y exigir su destitución. Sin embargo, considera que esta opción podría estar alejada de un pronto accionar.

El Consejo Moral, integrante del Poder Ciudadano, tiene como función prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten en contra de la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público y por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado venezolano.