Luisa Ortega Díaz, fiscal general del Ministerio Público (MP), criticó este miércoles que la Asamblea Nacional tenga previsto nombrar a 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al tener en cuenta que hay otros jueces que presiden el Poder Judicial en la actualidad.

“Ese es el mismo problema que la designación de la vicefiscal al margen de la ley. Ahora se designan otros magistrados. Yo lo que creo es que el Estado hay que ordenarlo, la gente lo que quiere es seguridad y orden”, aseveró.

La fiscal general se refiere al caso de Katherine Haringhton, visefiscal nombrada por el TSJ, quien fue rechazada por el Ministerio Público.

En la actualidad hay dos vicefiscales en el país de acuerdo con los Poderes Públicos. El primero de ellos es Rafael González, designado de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 25, y ratificado por la Asamblea Nacional; la segunda es Haringhton, que es aceptada por el TSJ y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La fiscal se refirió al antejuicio que lleva el TSJ en su contra. Aseguró que es un proceso ilegal que pretende ocultar las denuncias que ella ha realizado sobre la designación irregular de los actuales magistrados en 2015.

“Con el asunto de las actas y el polígrafo lo que quieren es distraer (…) Hay cosas que son graves y no se revisa, porque esos jueces han pronunciado sentencias escandalosas”, concluyó.

“No pueden seguir los acosos”

Ortega Díaz notificó que ha recibido denuncias por parte de ciudadanos que son amenazados con perder los beneficios del Estado sino participan en los actos del gobierno nacional.

“Me preocupa que se someta a los ciudadanos a este tipo de amenazas, porque esto es una esclavitud, una perversión”, recalcó la fiscal general, quien indicó que hay casos vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).