Oposición sancionó reforma de la Ley del TSJ

Si el Ejecutivo cumple la letra de la Constitución y el TSJ se pliega a su jurisprudencia -que reconoce la atribución de la Asamblea Nacional para modificar su ley orgánica-, la composición de la Sala Constitucional debería pasar de 7 a 15 magistrados en un plazo aproximado de 5 meses. Ello a partir de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ que sancionó ayer la mayoría opositora en el Parlamento, que además ordena la selección de un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales que se encargue de la convocatoria a los nuevos aspirantes. En el debate el PSUV se apoyó en una lectura parcial del artículo 204 de la Constitución para afirmar que el Parlamento carece de potestad en la materia. La MUD replicó citando el artículo completo y mostrando los oficios de 2004 y 2009 con los cuales la bancada oficialista impulsó la reforma del instrumento. La otra norma aprobada ayer -mas no sancionada porque sufrió una modificación al final del debate- fue la que otorga la titularidad a los beneficiarios de la Misión Vivienda. El texto fue devuelto a la Comisión de Administración y Servicios para que incorpore la propuesta de condonar toda deuda de los actuales adjudicatarios de las viviendas de interés social. El PSUV votó en contra. La ley será sancionada en la próxima sesión. Mientras, la segunda discusión de la ley orgánica de referendos se inició pasadas las 5:00 de la tarde, pero solo avanzó hasta el artículo 3, referido al principio de interpretación más favorable. La junta directiva decidió levantar la sesión y continuar la discusión el martes 12 de abril, junto con el resto del orden del día: debate sobre los linchamientos, exhorto al CNE y al TSJ por el caso Amazonas y ley de emolumentos del sector salud. Durante la sesión el presidente de la Cámara, Henry Ramos, alertó: «El TSJ prepara una sentencia que mutila el Reglamento Interior y de Debates para declarar inconstitucionales, de manera express, todas las leyes que sancionemos aquí». En la sesión de ayer, la plenaria también recibió al contralor general, Manuel Galindo, que presentó su informe de gestión 2015. El funcionario calificó de inconstitucional la Ley de Amnistía y la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría que prepara la AN. «El contralor no satisfizo las expectativas porque no informó sobre ninguna investigación abierta por corrupción. Revisaremos el informe y lo citaremos para que responda», dijo Ismael García, presidente de la Comisión de Contraloría.