Política

ONU abrió camino para investigar al Estado por crímenes de lesa humanidad

El abogado Nizar el Fahih señaló que la presentación de denuncias no es suficiente para adelantar los casos en La Haya

ONU

El Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, allanó el camino para que la Corte Penal Internacional, en La Haya, investigue posibles crímenes de lesa humanidad, coinciden activistas de los derechos humanos. Se calcula que desde 2014 hasta 2017 se han introducido 9 denuncias sobre Venezuela, pero la consignación de documentos no implica la apertura de un proceso jurídico y además el organismo no ha respondido a las solicitudes presentadas.

El abogado Nizar el Fakih, defensor de derechos humanos y director de Proiuris, considera importante las afirmaciones del vocero de la ONU y destaca que el funcionario no aseguró que se generaron delitos, pero abre la puerta para que se profundice en estos casos. “Hay que ver con cautela el tema, pero sin duda una afirmación de un funcionario de tanto peso de Naciones Unidas tiene mucha relevancia. El Alto Comisionado cuenta con legitimidad internacional para analizar la crisis institucional y humanitaria que padece Venezuela”.

La primera denuncia contra Nicolás Maduro data de 2014 cuando legisladores latinoamericanos pidieron investigar al presidente y a funcionarios de su gobierno por la represión masiva, generalizada y sistemática contra manifestantes pacíficos.

“Las solicitudes tienen que presentarse ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la Fiscalía, entonces, la que decide si hay méritos para iniciar la investigación. De decidir iniciarla, a lo largo del proceso de investigación recaba pruebas para verificar si en efecto hay o no sustentos suficientes para presentar una denuncia por violación de alguna de las disposiciones del Estatuto de Roma. De así decidirlo, la Fiscalía presenta una denuncia ante la Corte. Luego la Corte debe evaluar si hay méritos para admitir o no el caso. Y de admitirlo se inicia un proceso que luego da pie al inicio de un juicio en la Corte Penal Internacional. En ese juicio se determinará si hay o no finalmente pruebas para acreditar la responsabilidad penal de la persona sometida a juicio. De modo que es un proceso no solo bastante largo, si no muy complicado, que no se puede abordar con ligereza”, explicó.

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, dijo que algunos actores políticos han anunciado la consignación de denuncias ante La Haya y han generado falsas expectativas sobre los procesos que allí se dirimen. Explicó que la Corte Penal es la última instancia a la que se recurre en casos de violación de derechos humanos.

“Los señalamientos del Alto Comisionado de la ONU abren el camino para documentar patrones sistemáticos de ataques contra un sector de la población por razones políticas. Estamos en proceso de documentación de expedientes y patrones, este proceso depende de las pruebas”, sostuvo.

Mora. El diputado jubilado Walter Márquez cuestionó que desde el 2006 la CPI no realiza un examen preliminar sobre Venezuela. Presentó una denuncia el 11 de enero de 2016 que está registrada en el expediente OTP-CR 22/16 que engloba hechos desde 2009 hasta 2015. Señaló que en algunos casos Maduro era canciller y en otro ejercía como jefe del Estado. “Una cosa es la responsabilidad del Estado y otra la responsabilidad individual de Maduro. Como jefe de Estado no tiene privilegios procesales”.

Cuestionó a La Haya: “En casi 550 días la Corte Penal no ha leído el expediente de 160 páginas en el que denunciamos que el régimen cometió 10 de los 11 delitos de lesa humanidad establecidos en el artículo 7 numeral del Estatuto de Roma”.

La denuncia incluye las deportaciones forzosas durante el cierre fronterizo de 2015, el delito de exterminio por falta de alimentos y medicinas; las encarcelaciones arbitrarias, el delito de asesinato, tortura y tratos crueles; de abuso sexual de detenidos y otros tratos inhumamos, el allanamiento y destrucción de residencias y la persecución de grupo, entre otros. “Deben resarcirse los daños morales y materiales de las miles de víctimas de estos crímenes, en especial la represión durante las protestas populares en el Táchira en 2014, las deportaciones forzosas y la destrucción de sus viviendas en San Antonio del Táchira, en Venezuela, en agosto de 2015 y la destrucción de cinco puentes o pasos fronterizos internacionales en las cuencas altas del río Táchira entre Colombia y Venezuela, además de una gran cantidad de homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; exterminio y detenciones arbitrarias”, esgrimió en la carta enviada a la fiscal de La Haya, Fatuo Bom Bensouda, el 25 de agosto.

Pidió a la CPI la acumulación de los expedientes y que evalúe si existen fundamentos para abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad: se trata de 14 denuncias contra Venezuela, 9 de las cuales, según el registro que presentó, son de la gestión de Maduro.