En 2018 el panorama de los derechos humanos oscurece. Además del incremento de la persecución política y la represión en las protestas cívicas, el gobierno de Nicolás Maduro impone la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, que forma a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para “enfrentar al enemigo histórico”.
En un video difundido por el PSUV en sus redes sociales explican que la RAAS está dirigida por las 13.682 Unidades de Batallas Bolívar-Chávez del territorio nacional. Son las encargadas de identificar al “enemigo interno” en su calle; de organizarse, de adquirir los conocimientos necesarios y “fortalecer la unidad” para enfrentarlo.
El gobierno ya avanza hacia la puesta en funcionamiento del mecanismo en varios estados del país, entre ellos Amazonas, Sucre y Yaracuy. Gobernadores y dirigentes nacionales del partido han mantenido reuniones de organización de la red en las comunidades.
Activistas por los derechos humanos coinciden en que la intención es imponer un sistema parecido al de la Gestapo, policía secreta de la Alemania nazi, y a los Comités de Defensa de la Revolución cubana, ideados por el fallecido gobernante Fidel Castro.
Provea explicó que, por ejemplo, los vecinos que organicen protestas para exigir derechos no solo deberán preocuparse por la amenaza de ser reprimidos por la fuerza pública, sino por civiles integrantes de las UBCH destinados a esa misión. “Hay un enemigo interno y contra ese enemigo hay que incorporar a la población para colaborar con las fuerzas represivas”, dijo el abogado Marino Alvarado.
Las ONG señalan que lo que el PSUV intenta aplicar es una mutación de otros mecanismos de represión y persecución política, pero en un nivel más grave porque incluyen a civiles en labores de seguridad ciudadana.
Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas, afirmó que ese sistema es un espionaje a los ciudadanos de oposición para chantajearlos y atemorizarlos, así como delatar a los líderes vecinales y con eso tratar de impedir el activismo de los partidos en las comunidades.
Mencionó los casos de Isabel María Castillo, de Primero Justicia en La Pastora; y Saverio Vivas, dirigente vecinal de Catia, quienes fueron delatados por grupos oficialistas después de participar en manifestaciones por los problemas de servicios públicos, el Sebin les allanó sus viviendas sin orden judicial y tuvieron que huir del país.
“La represión ya no es un tema de políticos. Ahora llega a las puertas de las casas, lo que genera un estado de intimidación que hace que la gente sea más sumisa a lo que el gobierno determine”, expresó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Consideró que la RAAS es la consagración del Estado paralelo que el chavismo ha querido establecer al margen de la Constitución para ejercer una mayor vigilancia y control sobre la población. Añadió que es más grave que la “ley sapo”, que solo abarcaba la labor de los organismos de seguridad.
“La red de articulación forma parte del aparato que ha construido el gobierno de Maduro para afianzar los mecanismos de inteligencia social; es decir, involucrar a la gente en labores de vigilancia ciudadana con el objetivo de afianzar la persecución. Convierte a los civiles en violadores de derechos humanos, por actuar bajo coordinación del Estado”, indicó Inti Rodriguez, directivo de Provea.
Los abogados coincidieron en que las consecuencias de poner en práctica estas acciones de espionaje es el incremento de la violencia, así como el aumento de los riesgos de violaciones de derechos humanos perpetradas por particulares, toleradas o cumpliendo órdenes de funcionarios de seguridad. Su puesta en funcionamiento contradice al artículo 55 de la Constitución, la cual indica que las labores de control de protestas pacificas le corresponde a los organismos de seguridad.
Los activistas denuncian que la red viola también los derechos a la asociación y organización política, a la libertad de conciencia y expresión, consagrados en los artículos 53, 61y 57 de la carta magna. Además, vulnera los artículos 60, que establece el derecho a la privacidad, y 62 y 68, que garantizan el derecho de participar políticamente y de manifestar pacíficamente.
Alvarado refirió que el común de estos mecanismos es que buscan organizar, incitar y ordenar a un sector de la población para reprimir a otro que reclama derechos o se identifica opositor.
Una estrategia repetida
En 2002 se aprobó la Ley de seguridad de la nación, que con la tesis del “enemigo interno” el gobierno activó la vigilancia vecinal con el fin de derrotarlo. Esto no tuvo mucho auge y se olvidó. Seis años después, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó la Ley de inteligencia y contrainteligencia, conocida popularmente como la “ley sapo”, la cual obligaba a toda persona a cumplir labores de inteligencia con las autoridades policiales, de lo contrario serían procesadas penalmente. Fue derogada ese mismo año.
En 2014 se intentó otra vez materializar la doctrina de la seguridad nacional con el “comando antigolpe”, creado durante las protestas políticas. Según Provea, debido a ello se incrementaron las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias. Vecinos informaban a la GNB de quienes reclamaban, y colaboraban en la detención y el allanamiento.
El 1° de febrero del año pasado Maduro llamó a desplegar “fuerzas especiales” en barrios, campos, universidades y fábricas. Seguidamente llegó la base jurídica, en el artículo 2.9 del Decreto de Estado de Excepción se faculta a las organizaciones de base del poder popular para que realicen labores de vigilancia para “mantener el orden público”.
“La Red de Articulación y Acción Sociopolítica forma parte del aparato que ha construido el gobierno de Maduro para afianzar los mecanismos de inteligencia social e involucrar a la ciudadanía en labores de vigilancia con el objetivo de afianzar la persecución”
Inti Rodriguez, coordinador de Provea