Desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder las denuncias contra funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado por torturas se han incrementado, de acuerdo con los representantes de las ONG Movimiento Vinotinto, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codhez y Funpaz.
Señalan, además, que los oficiales aplican nuevas formas de maltratos y torturas, entre ellos aislamiento, asfixia, colgamiento de las manos y ahogamiento, así como descargas eléctricas, incluso en las partes íntimas.
Los abogados Manuel Vírgüez, director del Movimiento Vinotinto, y Andrés Colmenares, director de Funpaz, coincidieron en que el incremento del número de casos de tortura ha ido a la par de las detenciones arbitrarias que han ocurrido desde 2013, al punto de que ahora registran el caso más grave que ha sido el del concejal Fernando Albán, que falleció en extrañas circunstancias y que presuntamente fue torturado en el Sebin de Plaza Venezuela.
Colmenares explicó que, de acuerdo con los tratados internacionales, por cada detención arbitraria hay un caso de tortura, ya sea física o psicológica, pues los detenidos denuncian que son aislados, amenazados, golpeados o tratados a la fuerza, irrespetando las garantías constitucionales sobre la integridad física, mental y el debido proceso. De acuerdo con el Foro Penal, en los últimos 4 años han registrado más de 13.000 arrestos arbitrarios.
Vírgüez indicó que el Movimiento Vinotinto registró que 30% de los arrestados del año pasado había sido torturado, mientras que 35% de los 272 detenidos este año afirmó haber sufrido ese tipo de trato durante el tiempo de reclusión.
“La violencia sistemática forma parte de la práctica del gobierno de Venezuela desde hace muchos años, pero se ha dado con más crueldad y fuerza desde 2013. A partir de allí, la política de represión ha tenido una escalada en los siguientes años”, expresó Colmenares.
Entre los casos del año pasado se encuentra el de un grupo de 20 personas detenidas durante una protesta en Maracaibo. Fueron víctimas de insultos, golpes, acoso y abuso sexual, entre ellos una menor de edad que fue manoseada por uno de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
La abogado Lorena Arcaya, integrante de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, denunció que el grupo recibió tratos inhumanos y degradantes durante su reclusión en la sede de Corpoelec en la entidad, pero solo dos personas han denunciado pues la mayoría tiene temor a represalias.
Señaló que los oficiales amenazaron a los detenidos con violarlos, y así sucedió con una de las víctimas que fue expuesta ante el resto de presos. Algunos dieron fe de lo sucedido en la audiencia de presentación, celebrada ante un tribunal militar cinco días después.
Por el hecho hay ocho funcionarios implicados, de los cuales dos están prófugos y solicitados por la Interpol. La abogado aseguró que existe denegación de la justicia, retardo procesal y negligencia en la investigación. Esto último porque no le practicaron examen psiquiátrico a la víctima por falta de psicólogo, lo cual absolvió a los funcionarios de ser procesados por delitos de torturas, como lo ha solicitado la defensa.
El miércoles se desarrolló la audiencia preliminar sobre el caso y el tribunal ratificó la imputación solo por tratos inhumanos y violación sexual. Arcaya indicó que tampoco ha procedido la petición de imputación de la cadena de mando de los oficiales que cometieron los delitos.
“El Estado no ha actuado diligente ante el caso. Tienen que darle una mayor preeminencia a los hechos de violaciones de derechos humanos para determinar la responsabilidad y con eso prevenir la tortura”, manifestó Arcaya.
Vírgüez afirmó que en los casos que registran las instituciones “encubren a los funcionarios”, y no responden a las denuncias ni investigan. “El Estado es el perpetrador de la tortura y procura la impunidad”, expresó.