La cara de alivio de los adolescentes era lo más llamativo de la foto. Los muchachos que ayer recobraron la libertad posaron con sus padres y sus abogados al salir del tribunal. Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, sin embargo, no dudan en decir que esto no debió ocurrir nunca.
El miércoles en la noche la juez rectora Darcy Lorena Sánchez aseguró que los padres tenían la obligación de reflexionar, pues las protestas son cosas de adultos. También aseguró que ninguno de los detenidos era menor a los 14 años. Ayer fueron liberados en actos públicos 19 menores en Yaracuy y 9 en Portuguesa. La última cifra de muchachos detenidos la ofreció Alfredo Romero, del Foro Penal, que aseguró por Twitter que hasta el miércoles a las 8:00 am todavía quedaban 51 detenidos.
Además del Foro Penal, que se ha encargado de la defensa de los adolescentes, el Centro Comunitario de Aprendizaje le ha hecho seguimiento a la detención de los menores de edad, desde el miércoles 23 de enero. Carlos Trapani, representante de esta organización, puntualizó que además del hecho de privarlos de libertad hay varias irregularidades que hay que denunciar. La primera es la falta de información oficial. Si no existieran las ONG, los padres no hubieran tenido datos sobre el paradero de sus hijos. “No hubo comunicación del Ministerio Público, de la Defensoría sobre cuántos adolescentes estaban detenidos, en dónde ni qué delitos se le imputaban”.
Lo otro que señala Trapani es que ha variado el resultado de estos procesos judiciales. En años anteriores se les aplicaba un régimen de presentación, pero ahora les están exigiendo fianzas personales que quiere decir que dos o tres adultos deben firmar como responsables del menor. “Hemos visto que ahora están deteniendo más a muchachos de las zonas populares, en donde a veces esto es difícil”.
También denuncia el hecho de que se les acusa de terrorismo y asociación para delinquir. “Estos adolescentes no debieron ser privados de su libertad si lo que estaban era ejerciendo su derecho a la protesta”. Aclara que aunque son menores de edad, deben tener libertad de expresar lo que piensan.
Trapani coincide con Ana Leonor Acosta, de la Coalición de Derechos Humanos, en que, además de la incomunicación a la que fueron sometidos los adolescentes, tampoco se les permitió la asistencia técnica. La experta asegura que no contaron con un fiscal de menores ni con un defensor de menores. “De acuerdo con lo que manda la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la última opción, en el caso de menores de edad, es el encarcelamiento, y eso cuando se ha cometido un delito y ha mediado un juicio. Aquí no sucedió nada de eso; entonces, con esto se está violando el derecho internacional”.
Acosta afirma que de lo que pudieron recoger de padres y familiares, muchos de estos muchachos ni siquiera estaban en las protestas sino que algunos salían de su colegio o pasaban por la zona. “Es increíble que un juez de menores permita que los dejen presos, sabiendo de los malos tratos de los cuerpos de seguridad que los iban a mezclar con delincuentes comunes. Que haya jueces que se presten a detener niños es un crimen”.
La experta en derechos humanos asegura que la Lopna establece claramente que los adolescentes tienen derecho de desarrollar libremente su pensamiento y expresar su opinión. “Se trata de una actuación cruel y vil del gobierno ir ahora contra los niños”, enfatizó.