Oficialismo intenta frenar el revocatorio con violencia

El chavismo no luce dispuesto a permitir que la oposición active el referéndum revocatorio. No basta que el CNE ignore las solicitudes de la Mesa de la Unidad Democrática para iniciar la consulta, sino que ayer, cuando Henrique Capriles intentó ir al organismo comicial a exigirlo nuevamente, se desató una batalla en el centro de Caracas. «¡Van a ser combatidos con violencia!.. ¡Si vienen con violencia!», gritaba un seguidor del chavismo a través de un megáfono, mientras sus compañeros (poco más de 100 personas) arrojaban piedras y botellas o golpeaban con puñetazos y palos a los seguidores de la oposición -principalmente de Primero Justicia- que desde muy temprano esperaban al gobernador de Miranda. Capriles no pudo ni bajarse del vehículo, pues llegó en el clímax de la batalla. Sus seguidores y los diputados de PJ que lo esperaban tuvieron que correr hacia el norte para intentar resguardarse en la Asamblea Nacional. Pero la huída no fue exitosa, pues en los alrededores del Parlamento los aguardaban otros chavistas, que esparcieron gas lacrimógeno, golpearon al diputado Marco Bozo (tuvo que ser atendido en la enfermería del edificio administrativo de la Asamblea) y robaron, golpearon o amedrentaron a varios reporteros, entre ellos Alejandro Hernández, Christian Hernández, Antonieta La Rocca, Luis Pérez, Román Camacho, Eduardo Ríos y Jesús Medina (Notiminuto, Notitarde, Telecaribe, Caraota Digital y Dólar Today). Rubén Villarroel, trabajador de la Gobernación de Miranda que esperaba a Capriles, contó que los chavistas les lanzaron objetos contundentes: «A mí me agarraron, me asaltaron, me golpearon y me hicieron aspirar gas pimienta». El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, tampoco pudo llegar al CNE. Sí lo consiguieron el diputado Ismael García y el secretario de la alianza, José Luis Cartaya, quienes presentaron la tercera solicitud de la oposición en menos de un mes para que los rectores entreguen el formato de recolección de firmas para el revocatorio. «El gobierno solo quiere ganar tiempo para evitar que se concrete el deseo de cambio. Con apoyo de la Guardia Nacional, hoy fueron masacradas varias personas por las bandas del PSUV», denunció García, luego de reunirse con el rector Luis Emilio Rondón, quien se comprometió a presentar la solicitud en la próxima reunión de las autoridades. El parlamentario aseguró que la propuesta de revocatorio ya cuenta con el respaldo de más de 2,5 millones de personas: «Como el gobierno ya perdió el apoyo solo le queda la violencia; si el gobierno lo dilata, mete al país en una tragedia». A través de Periscope, Capriles lamentó lo sucedido y responsabilizó a la presidente del CNE: «Un grupito lanzó piedras, palos, tubos, potes de agua congelada. Habría que preguntar a Lucena si ese grupito lo paga ella; es una brigada de choque para evitar que los venezolanos solicitemos al CNE nuestros derechos». El gobernador aseguró que esas agresiones no evitarán que vuelvan al Poder Electoral, en Caracas y en sus sedes regionales, para exigir el revocatorio: «Lucena se quedará con las ganas. La situación de Venezuela hoy es otra a la de 2013, el gobierno es claramente minoría. Lo digo por aquella decisión que tomé en 2013 (frenar una movilización al CNE para exigir una auditoría de las presidenciales de ese año). Hoy fuimos y vamos a volver al CNE. Ni ustedes (rectoras) ni Maduro van a evitar que ejerzamos nuestros derechos». En rueda de prensa Torrealba opinó que la actitud violenta de los seguidores del gobierno se debe a que saben que no pueden ganar otra elección, y por eso intentan evitar el revocatorio. «Hay actores del gobierno que están en una agenda oscura, intentando empujar el país hacia la violencia para evitar el tránsito pacífico», expresó. Anunció que la alianza opositora informó a la OEA y la Unasur sobre lo sucedido. «Rebelión constitucional» HERNÁN LUGO-GALICIA El presidente Nicolás Maduro bautizó como «rebelión constitucional» el plan del oficialismo para enfrentar a la Asamblea Nacional, pues considera que la Ley de Amnistía es «una declaración de guerra». El punto de partida será, entre otros, estudiar en Consejo de Ministros la idea de Hermann Escarrá de reducir, a través de enmienda, el período del Parlamento a 60 días sin que esa iniciativa sea sometida al Legislativo. «Evaluaré con absoluta seriedad esa propuesta. Lo prometo y me comprometo». En segunda instancia instalará hoy en Miraflores la Comisión de la Verdad, presidida por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, e integrada también por Escarrá, los titulares de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Comité de Víctimas de la Guarimba (como asesor), y el apoyo del presidente de Unasur, Ernesto Samper. Como tercer punto, Maduro comisionó al asesor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, para que solicite a la Sala Constitucional del TSJ que declare inconstitucional la Ley de Amnistía. El cuarto aspecto del plan es continuar la recolección de firmas contra la ley. Jorge Rodríguez aseguró que llevan 2.587.000 rúbricas, pero Maduro propuso que la meta sea de 10 millones.