Nicolás Maduro declaró ayer «derrotada» a la oposición y le aconsejó que se fuera de viaje por el mundo «a pegar gritos». El «hijo de Chávez» confirmaba así, con su estilo tan personal, que la estrategia montada por sus asesores ha dado resultado y que para ello ha contado con la ayuda imprescindible de la propia Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La estocada se la dieron cuatro de los cinco gobernadores recién elegidos que se subordinaron anteayer a la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC), pese a los numerosos llamados en contra. Y la puntada, que sólo se aplica cuando el estoque no fue suficiente, fue múltiple, al desencadenarse un toma y daca de acusaciones entres sus principales líderes, a quienes sólo les queda certificar el acta de defunción de una alianza multicolor que tras la victoria en las parlamentarias de 2015 hizo soñar a buena parte de Venezuela con un cambio que hoy, de nuevo, parece imposible.
Una jornada del teatro del absurdo, que comenzó con Laidy Gómez, gobernadora de Táchira, ejerciendo de vocera del grupo de los cuatro. Sus justificaciones no fueron más allá de un torpe ejercicio de malabarismo político, en el que llegó a asegurar que las opciones que les quedaban, si no juraban tras la amenaza presidencial, eran la cárcel o el exilio. «(Hemos hecho) un esfuerzo por el pueblo, que así nos lo pedía», argumentó la gobernadora regional.
Los cuatro dirigentes de Acción Democrática (AD) salieron a la carrera, justificando su negativa a contestar preguntas porque perdían el avión.
Al rato, Gómez reapareció por sorpresa en un canal de televisión y sus tres compañeros acabaron de indignar al país opositor presentándose en el Palacio de Miraflores para saludar a Maduro entre sonrisas. Una afabilidad que contrasta con la realidad: el Estado central les arrebató las policías regionales, varias empresas locales y les nombró un «protector» en cada estado, un gobernador paralelo que recibe buena parte de los presupuestos que Caracas estaría obligada a enviarles.
Mientras todo esto sucedía, Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo en Zulia que no se plegó a la revolución, fue juramentado en Maracaibo por sus seguidores antes de ser reprimidos con una nube de gases lacrimógenos. Su destitución e inhabilitación son inminentes. En ese estado petrolero, el más poblado del país, la realidad también sigue su propio paso: los apagones son constantes desde hace días y ocho presos murieron durante una fuga masiva en el retén policial de Cabimas.
El chavismo se siente el gran triunfador de la nueva crisis opositora, que ha enfrentado directamente al ex gobernador Henrique Capriles con Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional.
«Hay que refundar la Unidad, no estoy dispuesto a continuar. No voy a seguir en esa mesa mientras siga Ramos Allup», avisó el ex gobernador. Su partido, el centrista Primero Justicia (PJ), y AD son los dos más importantes de la Unidad Democrática.
Voluntad Popular (VP), partido del preso político Leopoldo López, se alineó con PJ, criticó a Allup y anunció que no se presentará a las elecciones municipales, previstas para diciembre, en vistas de crear una nueva unidad «que permita salir de la dictadura» y no convivir con ella.
«A veces es mejor continuar solo que mal acompañado», redundó Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.
Allup, que anunció que sus cuatro gobernadores se habían «autoexcluido» de AD, defendió sus posiciones, incluso apostó por continuar en el seno de la actual Unidad.
Un Nuevo Tiempo (UNT), que junto a PJ, AD y VP conforma el G-4 de la oposición, también criticó la jura de los gobernadores «adecos», pero reclamó mesura cuando las hostilidades estaban desatadas.
«La Unidad sufrirá un proceso de transformación que ya está en marcha. Es difícil anticipar el resultado, pero pienso que la necesidad de moverse como alianza prevalecerá en cierta forma», adelanta el politólogo Félix Seijas.