Al presentar el informe sobre la prensa escrita en Venezuela en la 73 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el editor y presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, describió cómo el gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro censura y amenaza a medios y a periodistas, cierra y bloquea medios digitales y se prepara para aprobar una “ley contra el odio”, que criminalizará cualquier expresión contra el Estado, lo que excede el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.
“Mi país se encuentra sumido en una larga y tenebrosa noche de silencio, interrumpida solo por los quejidos de quienes están siendo torturados en las mazmorras del régimen. Esa es una de las expresiones que aún no han podido silenciar”, denunció Otero en la plenaria de la SIP, que se realiza en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, desde el 27 hasta 31 de octubre, y que reúne a cerca de 300 personas entre directores, editores, periodistas, proveedores de servicio e interesados.
Ya la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP certificó el retroceso en el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.
Otero indicó: “Cualquier forma de expresión, incluyendo la simple protesta del ciudadano en la calle o el comentario del ama de casa en un automercado, es objeto de la represión más severa. El régimen controla tanto lo que se dice como lo que a su juicio no se puede decir. Por iniciativa de Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, en cada oficina pública hay un letrero donde se lee: ‘Aquí no se habla mal de Chávez’. Cada cual tiene que cuidarse o exponerse a las consecuencias de lo que, en democracia, constituiría un acto legítimo y protegido por el Derecho”.
Agregó: “En una dictadura, la libertad de expresión es siempre la primera víctima. Y la prensa, como vehículo de ese ejercicio, es, sin duda, el blanco prioritario de los tiranos. El régimen, instaurado por Hugo Chávez y continuado por su discípulo Maduro, ha ido evolucionando desde mecanismos de censura muy sutiles hasta las formas más sangrientas de censura. Actualmente, el mero hecho de cubrir una manifestación en contra del gobierno puede ser calificado como un acto ‘terrorista’, de competencia de los tribunales militares; enviar un tweet, pintar una caricatura o hacer un chiste, pueden tener consecuencias penales muy severas para su autor”.
Citó el caso del tribunal que condenó a La Patilla a pagar a Diosdado Cabello una indemnización de un millardo de bolívares por reproducir una información de otro medio (ABC, de España), en la que Leamsy Salazar, su ex colaborador, lo vinculaba con el narcotráfico: “Cabello nunca se querelló contra Salazar. Apartándose de la clásica doctrina del reporte fiel, un tribunal, al servicio de una tiranía, prefirió fallar en favor de uno de los hombres fuertes del régimen y en contra de la libertad de expresión. Por tratarse de los mismos hechos, detrás de esta condena vendrán otras contra Tal Cual y El Nacional y todos sus directores”.
Sustentando su informe en investigaciones de organizaciones como Espacio Público, Provea, IPYS y otras, denunció las “inspecciones técnicas” de Conatel; el proceso sancionatorio de Conatel, del 11 de agosto, contra Venevisión y Televen “por no cubrir” la elección de la constituyente; la salida de las señales de CNN en español, El Tiempo TV, Caracol TV y Todo Noticias, así como las presiones a los medios para que prescindan de periodistas críticos como Nelson Bocaranda y César Miguel Rondón.
Almagro premiado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, recibió un reconocimiento de la SIP. En la placa que le entregaron, se lee: “La Sociedad Interamericana de Prensa otorga el Gran Premio SIP-Libertad de Prensa a Luis Almagro por su férrea defensa de la libertad de prensa y los principios democráticos en el continente”.
Almagro dedicó el galardón a los 33 periodistas asesinados en las Américas en 2016.