El 24 de julio llegó a Estados Unidos solo porque fue objeto de tres atentados y cinco amenazas de muerte, incluso contra familiares y colaboradores, luego de haber sido juramentado por la Asamblea Nacional como magistrado de la Sala Penal del TSJ. «El objetivo de ellos era encontrarme y obtener la información que he manejado desde hace muchísimos años sobre lavado de dinero en Venezuela», afirma Alejandro Rebolledo, experto en asuntos de legitimación de capitales, quien se encuentra en ese país con otros nueve homólogos en gestiones para recuperar la democracia. En su reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que expresó su reconocimiento a los magistrados designados, y luego con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, planteó los problemas de lavado, financiamiento del terrorismo, de narcotráfico y de la crisis institucional venezolana. Esta semana los visitantes comenzaron a elaborar agendas «sobre la lucha que haremos en las próximas semanas tanto en América Latina como en la Unión Europea».
–¿Cuáles son las acciones previstas? –Hemos coincidido en que las sanciones de Estados Unidos y la lista de la Oficina de Control Activos Extranjeros (Oficce of Foreing Assets Control, OFAC), en la que se encuentran el presidente de la Republica y el fiscal general de la asamblea nacional constituyente, sean adoptadas en América Latina y la Unión Europea porque sabemos que la red del lavado de dinero que funciona en Venezuela y en algunos países latinoamericanos está tratando de penetrar en Europa.
–¿Cuáles son las denuncias que lleva a los organismos internacionales? –Cuando me reuní con autoridades en Washington me preguntaron por las investigaciones que he realizado con un grupo de especialistas sobre la revisión del estatus migratorio de personas que le mintieron a las autoridades americanas para obtener ese estatus en Estados Unidos. Según la ley de ese país, cuando alguien que se ha dedicado a actividades de delincuencia organizada miente a las autoridades para lograr el estatus migratorio, este queda anulado de inmediato y aunque sea ciudadano le pueden deportar en 24 horas. Una vez que se revisen los expedientes de estas personas que han robado en Venezuela, que han violado derechos humanos y lavado dinero y ya no puedan estar en Estados Unidos, solicitaremos a los países de la Unión Europea que no puedan refugiarse allá.
–¿Cuántos y quiénes son los involucrados? –Más de 100 personas involucradas en varios expedientes.
No digo nombres porque estoy empeñado en que la investigación se dé y no los puedo alertar. Pero puedo decir que tenemos totalmente ubicadas las empresas que funcionan en Venezuela y ramificadas en países de América Latina, México, Hong Kong y Dubai, y que trabajan con dólares americanos. En todas esas empresas fachadas, que son muchísimas y dedicadas muchas en los últimos años a alimentos y medicinas, tenemos establecidas las vinculaciones con funcionarios.
–¿Esas empresas venezolanas tienen conexiones con extranjeros? –Sí, están vinculadas con diferentes tipos de mafia. Está la castro comunista, las chinas y las rusas, que se han infiltrado en el país por el sector energético; carteles mexicanos y colombianos, y diferentes organizaciones criminales, estructuras de corrupción y de lavado de dinero donde están involucrados los funcionarios. Hemos establecido que personas del medio orienta han abierto en la banca pública y privada venezolana cuentas bancarias en los últimos años. Eso está pasando en Venezuela.
–¿Tiene pruebas, soportes? –En el área de lavado de dinero es imposible que ellos puedan borrar sus trazas, sus transferencias y vinculaciones. Estas personas están en Venezuela, pero tienen sus empresas en México, por ejemplo, y hacen posible que empresas fachadas puedan aparecer como proveedores cuando son ellos mismos.
–¿Cuánto dinero han lavado? –El monto es global y no de los últimos años. Calculamos que son más de 800 millardos de dólares en los 18 años de gobierno en Venezuela. Se incluye a Cadivi, Cencoex, la industria petrolera con sobrefacturaciones, subfacturaciones, y empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado. Es impresionante. Cuando estuvimos en Perú se hablaba de que ese país había bajado de categoría en su lucha contra la corrupción porque reportaba 3 millardos de dólares, y yo dije que ese monto lo tenía una sola persona en Venezuela.
Ellos no lo podían creer. En Venezuela hay una mezcla de la delincuencia organizada: hay corrupción cambiaria, lavado de dinero, negocios de suministros a diferentes entes del Estado, la negociación del oro, que es un grave problema.
La delincuencia organizada no son grupos paralelos, esta se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura; son verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en la economía venezolana.
–¿Cómo pueden tener efecto esas denuncias en el exterior? –Cuando las autoridades americanas colocan a una persona en la lista de la OFAC pueden tardar tiempo en establecer las vinculaciones. Lo que les preocupa es quiénes puedan contaminar su sistema financiero y buscan saber quiénes son, sus vinculaciones, si son residentes, su nacionalidad, el origen de las empresas y luego consolidar todos esos datos aportados de varios organismos para la investigación. Las fiscalías de Nueva York son muy activas para avanzar en esos entramados. Pero cuando se trata de delincuencia organizada hay una primera fase en el mundo, se le dice a la persona si quiere cooperar y entonces surgen nombres y va extendiéndose esa red de investigación.
–¿Qué acciones concretas puede adoptar Estados Unidos? –Ellos seguirán estudiando situaciones de todo tipo. Están en la mira Pdvsa y el tema energético, pues han sido utilizados en muchas ocasiones para las irregularidades.
Al colocar al presidente, que es el que puede firmar convenios y tratados, en la lista de la OFAC, se le está limitando su actuación para firmar todo tipo de acuerdos, y el mundo sabe que si quiere mantener relaciones con Estados Unidos, no puede hacer acuerdos con estas personas. Y hemos pedido que se congelen sus bienes en ese país.
–¿Pueden recuperarse el dinero y los bienes y repatriarlos a Venezuela? –Es nuestra lucha. La Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada lo permite, y la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción establece que el objetivo es recuperar los bienes porque si no es así se tienen millonarios presos. Hay un proceso que lo hace posible, pero estamos en la fase de alertar a las autoridades que las personas que se han guardado en Venezuela y han lavado dinero, mientras los niños venezolanos mueren de hambre, y dónde están.