El presidente Nicolás Maduro, heredero del fallecido mandatario Hugo Chávez en la conducción de la llamada revolución del siglo XXI, que tiene entre sus premisas la unión cívico-militar, cuenta con un récord: su gobierno ha encarcelado a la mayor cantidad de militares por razones políticas. De un total de 163 detenidos durante su gestión, 116 fueron apresados este año, de acuerdo con cifras de varias ONG.

Instigación a la rebelión, traición a la patria y faltas contra el decoro militar son los delitos por los que se acusa a la mayoría de los militares que están presos en las cárceles de Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, Fuerte Tiuna, Dirección General de Contrainteligencia Militar-Boleíta y El Helicoide. La cifra supera a las de Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez, y casi se equipara a la de los civiles presos por motivos políticos, que es de 197, de acuerdo con Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Familiares de los detenidos aseguran que hay un descontento en el seno de la Fuerza ArmadaNacional Bolivariana. Las razones son las mismas que afectan al resto de los venezolanos: escasez, hambre e hiperinflación. Las esposas de los militares afirman que ni siquiera con dos ingresos mensuales son capaces de mantener sus hogares. También dicen que hay mucho miedo.

“Yo tampoco consigo carne, pollo, huevos”, dice Yocelyn Carrizales, esposa de Inbert Marín Chaparro, número uno de la promoción 1999, quien se encuentra detenido desde el 2 de marzo de este año en la sede del DGCIM en Boleíta. Sostiene que hay un ensañamiento contra este funcionario, quien tiene el mejor promedio de la Academia Militar en la historia contemporánea del país. Son nueve los detenidos en esa misma fecha, de los cuales seis son tenientes coroneles, pero Marín Chaparro es el único del grupo que se encuentra en ese calabozo, a pesar de que tiene boleta de traslado hacia Ramo Verde.

Inbert Marín Chaparro lideraba el Batallón Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas, uno de los más importantes y extensos por su caballería motorizada. Los otros comandaban batallones: El Bolívar, en Caracas; en el interior, el Juan Antonio Paredes, en San Cristóbal, Táchira, o el Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil en Calabozo, Guárico.

“Al disentir de algo, corres un riesgo. Esto no debe ser así. En todos sus discursos Inbert incluía a figuras como Simón Bolívar o a héroes de la Segunda Guerra Mundial. Nunca los politizó y quizás eso generó un descontento entre sus superiores. Hay miedo, y ahora mucho más, ya que la persecución va creciendo”, agrega Carrizales.

2018 ha sido el año en el que han apresado a más militares en Venezuela. De los 163 funcionarios que están detrás de las rejas, 116 fueron encarcelados este año, lo que equivale a 71% de las detenciones. Esta cifra supera con creces el total que Hugo Chávez ordenó encarcelar durante su gestión. En los 14 años de su gobierno 31 estuvieron presos, de acuerdo con los datos de la Fundación para el Debido Proceso. En solo un año, Maduro casi cuadruplicó este número.

“Chávez fue selectivo en sus detenciones, tanto de militares como de civiles. Sus detenciones eran emblemáticas y transmitían un mensaje específico: instigar el miedo. En el caso de los militares, en su mayoría, fueron de alto rango. Como para decir: ‘Si lo meto preso a él, imagínense que quedará para el resto’. Esto no ocurre con Maduro. En el presente se aplica la política de ’te detengo y luego veo quién eres”, expresó Jackeline Sandoval, directora de Fundepro.

La violación sistemática del debido proceso y de los derechos humanos a los militares detenidos ha sido una constante en ambos gobiernos de Chávez y Maduro. El abogado de muchos de ellos y miembro de la Coalición por la Democracia y los Derechos Humanos, Alonso Medina Roa, asegura que hay una “promiscuidad” en la calificación jurídica a un mismo hecho. Coloca como ejemplo a oficiales procesados por conversar temas políticos en reuniones y que fueron acusados por supuestos actos de rebelión o traición a la patria.

“Lo que estamos viviendo es una ofensa a la estructura del derecho penal. De hecho, estamos presenciando un uso abusivo del derecho penal. Se ha configurado una exageración de su uso para sancionar a aquellos que han manifestado su inconformidad a la intromisión política en los cuarteles”, explica Medina Roa.

La vigilancia hacia los funcionarios también es una fórmula recurrente, de acuerdo con denuncias que ha recibido por parte de familiares de militares. “En los cuarteles les revisan los celulares constantemente”, señala. A su juicio, lo que ocurre es que el descontento se castiga con persecución. “Una persecución que luego deriva en incomunicación, tortura, aislamiento y retardo procesal; es decir, los militares no escapan de la realidad de los reclusos comunes o presos civiles políticos en Venezuela”, advierte.

En el caso de los tenientes coroneles detenidos el 2 de marzo, las esposas concuerdan en la tortura que, denuncian, empezó desde el primer día de la aprehensión. Narran que permanecieron incomunicados por nueve días mientras se encontraban recluidos en el DGCIM-Boleíta. Cuando fueron presentados al Tribunal Supremo de Control para la audiencia de presentación todos tenían heridas físicas.

Yocelyn Carrizales denuncia que su esposo tenía  fisuras en dos costillas, las muñecas maltratadas y las manos hinchadas. Dijo que eso se debía a que estuvo todos esos días esposados con las manos hacia atrás. Hasta la fecha se mantienen a la espera de juicio.

Ana Raquel de Soto, esposa del teniente coronel Víctor Soto, en este mismo tribunal observó a su marido golpeado por los costados, en las rodillas y en los tobillos. “Le echaban el polvo del gas lacrimógeno por las fosas nasales y en los ojos y luego le colocaban un pasamontañas para taparle toda la cara”, agrega. En el caso del teniente coronel Henry Medina, su esposa, Leonela Difurt, relata que las manos esposadas hacia atrás, durante los nueve días en el DGCIM, le causó a su marido una lesión en el manguito rotador. “Trata de que me saquen de la DGCIM como sea”, fue lo primero que le dijo Medina a su pareja.

Las torturas del DGCIM también las constató Ysmenia Cedeño, esposa del guardia nacional bolivariano y comandante del Destacamento de Seguridad Urbana en Petare, Abraham Suárez, detenido el 21 de mayo de este año, a quien colgaron por dos días, posición en la que tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas; también le partieron la nariz, le golpearon las costillas y como consecuencia tuvo varias fisuras, y le dieron tablazos en los glúteos al punto de que se le formó una celulitis. Agregó que la audiencia preliminar de su esposo ha sido diferida cuatro veces.

“Le echaban el polvo del gas lacrimógeno por las fosas nasales y en los ojos y luego le colocaban un pasamontaña para taparle toda la cara”

Ana Raquel de Soto,

esposa del teniente coronel Víctor Soto

 


Institucionalidad vs desprofesionalización

Las esposas de los militares detenidos critican la disminución de los beneficios laborales de sus parejas que frente a la hiperinflación ha deteriorado su calidad de vida. “El seguro que tenemos no alcanza ni para el ingreso a una clínica. Habíamos estado bien con ese seguro, que cubrió el parto de mi hija. Esto tiene que cambiar. Los atropellos contra todos son horribles. Nos hemos vuelto una familia en desgracia y zozobra. Nadie puede estar contento con esto ni a favor de esto”, expresó Leonela Difurt.

Su esposo, el teniente coronel Henry Medina, dejó de salir uniformado. Difurt relata que en los 12 años que tienen de matrimonio jamás lo había visto sentirse avergonzado de utilizar su uniforme. Ambos se cansaron de los insultos en la calle.

El doctor en Historia y profesor del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad SimónBolívar, Hernán Castillo, apuntó que históricamente los militares venezolanos siempre han conspirado, desde José Antonio Páez hasta el propio Hugo Chávez y que, en la circunstancia que atraviesa el país, existen más condiciones para el malestar, descontento y reclamo.

“Por un lado, tienes la situación económica y, por el otro, la desprofesionalización de la carrera. Son dos grandes motivos para la crítica. Los militares no están cumpliendo con sus tareas profesionales. Por ejemplo, tienes fronteras abandonadas y en manos de los paramilitares y del hampa común. Anteriormente los ascensos militares eran por méritos. Ahora todos dependen de la voluntad de la Presidencia. La Fuerza Armada es como la Iglesia o la Academia, es una institución jerárquica. Cuando destruyes los méritos no te queda sino anarquía y caos”, señala.  

A su juicio, este es el peor momento en la historia de la Fuerza Armada, debido a las numerosas detenciones, solicitudes de baja y deserciones.

Un coronel retirado que estuvo preso durante el gobierno de Chávez, que prefirió resguardar su identidad, asegura que la institución ha establecido una relación clientelar con sus funcionarios. “Chávez se encargó de depurar, corromper y quitarle el carácter profesional a la Fuerza Armada.A los gobiernos comunistas no les interesa tener personas pensantes, que compitan con ellos. No les conviene. Entonces, las destruyen o las controlan”, dice el coronel retirado.



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