La fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó la acusación contra el presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por los delitos de corrupción y legitimación de capitales que habría cometido junto con otros funcionarios en negociaciones con Odebrecht.

En la sede del Congreso de Colombia fue recibida por los magistrados, designados por la Asamblea Nacional el año pasado, Idelfonso Ifill, Rubén Carillo, José Luis Rodríguez y Rafael Ortega, a quienes les entregó 18 piezas principales y 46 anexos digitales como pruebas de los hechos ilícitos que involucran al mandatario nacional.

“Todos los expedientes y el escrito no dan lugar a duda de que Maduro está involucrado en corrupción con Odebrecht; él es un corrupto y un ladrón que se ha apropiado del dinero de los venezolanos”, expresó al solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que adopte todas las medidas para preservar el escrito de la acusación y las pruebas del acto conclusivo de la denuncia que hizo meses atrás sobre las negociaciones del Estado y Odebrecht.

Exigió al Tribunal Supremo en el exilio fijar la audiencia de juicio contra Maduro y, en aras del principio de inmediación, publicar los documentos probatorios que les entregó ayer.

“Estas pruebas hay que exhibirlas todas para que el mundo sepa cómo Nicolás Maduro y esta banda de delincuentes que ocupan Miraflores se robaron el dinero de los venezolanos, que debió ser destinado para alimentos y medicinas. Uno de los apuros que tenía Maduro por asaltar el Ministerio Público era destruir este expediente; afortunadamente logramos preservarlo”, expresó. Indicó que la acción de consignar la acusación pretende activar los organismos internacionales, entre ellos la Interpol, para que actúen oportunamente y generar un cambio en la situación que padecen los venezolanos. Pidió a los magistrados remitir la solicitud de alerta roja a la Interpol para que se haga efectiva y se libre la orden de captura contra Maduro.

El magistrado Rafael Ortega explicó que el siguiente paso de la investigación es la audiencia preliminar y luego iniciarán el juicio. Indicó que, pese a que el proceso judicial se está llevando a cabo fuera de Venezuela, se ha realizado con todos los requisitos que establecen las leyes.

Ortega Díaz emplazó que en la audiencia de juicio se garantice la comparecencia tanto de las partes y su defensa, como testigos, expertos técnicos, intérpretes públicos y de los funcionarios que, de alguna manera, participaron en la investigación.

También exigió que se disponga de los mecanismos tecnológicos para exhibir con detalles a los venezolanos y al mundo “todas las pruebas de la trama de corrupción que involucra a Maduro y para que los venezolanos sepan dónde está el dinero que debió ser destinado para comprar alimentos y medicinas”.

Exhortó a los funcionarios que se encuentran involucrados en las negociaciones ilícitas con Odebrecht ponerse a la orden de la justicia. Prometió que en caso de aquellos que participaron en la trama delaten al resto de funcionarios, obtendrán beneficios procesales.

“Pónganse a la orden de la justicia porque estos delitos no prescriben, pero lo más importante es que yo no me voy a detener”, expresó.

Crisis y corrupción. La abogado calificó a Maduro de usurpar funciones como presidente de la República. Responsabilizó al mandatario y a “su camarilla” de generar el colapso en el sistema del transporte en el país que, afirmó, ha ocasionado la muerte a más de 60 ciudadanos que se movilizaban en “perreras”. “Este desprecio de transportar a los venezolanos, como si se tratara de animales, es consecuencia de este tipo de corrupción”, señaló.

La fiscal aseguró que esta es solo una de las tantas investigaciones que involucran a los funcionarios del gobierno.

“Esta investigación en materia de corrupción es una de las acciones que tenemos contra Nicolás Maduro, porque este ladrón no solo tiene la despreciable cualidad de ser corrupto sino también de ser violador los derechos humanos. Él y su camarilla son los cómplices de la tragedia que vive Venezuela y allí están las pruebas, que creo que hay que exhibirlas para que el planeta entero sepa cómo robaron el dinero de los venezolanos”, puntualizó.

El dato

Las investigaciones de corrupción comenzaron en Brasil y terminó siendo el mayor caso de sobornos en América Latina conocido hasta ahora. Las constructoras brasileñas pagaron sobornos a funcionarios del gobierno, entre ellos presidentes, de 12 países para obtener cientos de licitaciones públicas. Las experticias comenzaron en Estados Unidos en 2016. Actualmente hay 18 mandatarios del continente en juicio por estos ilícitos.


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