Luego de que los candidatos opositores ganaron las regionales de 2012, desde el poder central se crearon gobiernos paralelos –CorpoMiranda, CorpoLara y CorpoAmazonas– con el objetivo de “ser la organización pública nacional impulsora del desarrollo socialista; promotora de la organización popular para la construcción del buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas de la región, basado en principios humanistas y sustentado en condiciones morales y éticas de progreso social”, según definen sus perfiles públicos.

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, destaca que se están desperdiciando recursos que deberían ser enviados a las gobernaciones. Con ella coinciden los tres secretarios de gobierno, Juan Manuel Fernández (Miranda); Erick Valles (Lara) y Mirlenys Velásquez (Amazonas). Aseguran que los gobiernos paralelos no han realizado ninguna obra ni programa que haya beneficiado a la comunidad y es un dinero que se está malgastando. Además, han expropiado infraestructuras que pertenecen al estado, como sucedió en Amazonas. Las escuelas Juan Andrés Ivirma Castillo, Andrés Eloy Blanco, Los Raudales, Madre Teresa de Calcuta y Félix Solano fueron tomadas a “punta de puño”, según Velásquez, a lo largo de este año. Y le preocupa que haya otras en tribunales para ser próximamente expropiadas.

Amazonas es una de las pocas gobernaciones con un Consejo Legislativo opositor; por ende, los obstáculos de su gestión los coloca CorpoAmazonas.

La Constitución establece que el Consejo Legislativo representará a la población de cada estado y municipio. Su número no debe ser mayor de 15 ni menor de 7 integrantes. Actualmente la mayoría, al igual que los gobernadores, son oficialistas. Y a pesar de que tradicionalmente en las elecciones regionales se incluía también la votación para el Consejo Legislativo, la rectora principal del CNE, Tania D’Amelio, anunció que este año no sería así y no ha asignado una posible fecha.

El artículo 162 de la carta magna estipula que el Consejo Legislativo tiene las atribuciones de “legislar sobre las materias de la competencia estadal y sancionar la Ley de Presupuesto del Estado”. Su período es de cuatro años y pueden ser reelegidos por dos períodos consecutivos como máximo; por tanto, a la mayoría de los funcionarios se les venció el lapso.

“Lo poco que aprueban es exclusivamente para los trabajadores. No hay capacidad de debate con el Consejo Legislativo. Últimamente han obstaculizado cualquier cantidad de obras que puedan generar impacto a la sociedad. Por ejemplo, queríamos hacer un acueducto que llegara hasta al norte de Barquisimeto, donde se está desarrollando la ciudad y no les llega el agua, pero no lo permitieron. Dijeron que el gobernador no tiene la capacidad y que de eso se encargaría el Ejecutivo nacional. Esto fue en 2008 y seguimos esperando”, dijo Valles.

El Consejo Legislativo de Lara destituyó a tres directores de la gobernación en las áreas de presupuesto, consultoría jurídica e imprenta oficial, decisión que fue avalada y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2013.


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