Representantes de ONG y comunicadores sociales se reunieron ayer para realzar la labor del periodista en su día. Aseguraron que a pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno continuarán cumpliendo su labor y comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y la comunicación veraz y oportuna.
En el foro Periodismo, libertad y democracia, efectuado en la biblioteca Gustavo Leal de la Universidad Central de Venezuela, los ponentes coincidieron en que el presidente Nicolás Maduro ha aplicado una política de censura para esconder la realidad del país y, con ello, intenta desaparecer la opinión pública para no rendir cuenta a los ciudadanos.
Silvia Alegrett, directora de Alianza por la Libertad de Expresión, recordó que han pasado más de 200 años desde que se fundó el Correo del Orinoco: “Y todavía estamos luchando por el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse sin coacción”.
Marcelino Bisbal, periodista e investigador, resaltó que el trabajo no es otro sino llamar la atención y denunciar lo que ocurre en todos los ámbitos. “Siempre debemos trabajar con la verdad. Sin crear expectativas. El gran logro del periodista es resistir con esperanza”.
El director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, Alejandro Terenzani, aseguró que las más de 30 escuelas que hay en el país demuestran que las generaciones futuras, antes de ejercer, ya han asumido su posición en defensa de la democracia. “Tenemos que celebrar que no nos vamos a rendir nunca”.
Bisbal y Terenzani concuerdan en que el ejercicio de los nuevos comunicadores ha estado a la altura del momento y no se ha doblegado.
Por el Colegio Nacional de Periodistas tomó la palabra su presidente, Tinedo Guía. Afirmó que dada la valentía y el coraje con el cual han protegido su labor, los periodistas merecen celebrar su día y sentirse orgullosos.
Carlos Correa, director de Espacio Público, destacó que el periodismo es una herramienta para visibilizar la violación de los derechos humanos, que es lo que quiere evitar el gobierno por medios legales, económicos o mediante la fuerza.
Pidió construir tejidos sociales que permitan estar en permanente contacto con la fuente para enfrentar las políticas de Estado, cuyo resultado ha sido el cierre de más de 170 medios desde 2002 y 113 agresiones a la prensa en los 6 primeros meses de 2018.
Expuso que el gobierno acostumbra a decir que en Venezuela hay libertad de expresión, a diferencia de México, donde asesinan a periodistas, sobre todo en la frontera. Dijo que como en Cuba, en el país no hay periodistas muertos, pero sí se han registrado detenciones arbitrarias y agresiones de organismos de seguridad del Estado.
La profesora universitaria Gloria Cuenca, que asistió como oyente al foro, tomó la palabra y recordó: “El periodismo hizo fracasar al gobierno en su intento de volvernos propagandistas”. Consideró que pese a los atropellos, a la compra de medios por parte de funcionarios del Estado y al bloqueo de portales digitales, se ha logrado vencer el cerco.
Los ataques empezaron cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999: Eliminó las oficinas de los ministerios y las convirtió en lugares para hacer propaganda. “Siempre nos enteramos de lo que ocurre. Además, la diáspora del periodismo ha tenido un trabajo importante porque le muestran al mundo la situación de la libertad de expresión. Tenemos que celebrar y quitarnos ese pesimismo, que también forma parte de la estrategia gubernamental”.
Al finalizar el foro, las organizaciones leyeron un manifiesto en el cual reafirman su compromiso con la democracia y exhortan a la sociedad civil a defender su derecho de expresarse y de recibir información oportuna.
Responsabilidad por bloqueos
En un oficio y una llamada telefónica, representantes de Digitel y Movistar, respectivamente, informaron que no comparecerían ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, que los había citado por su supuesta participación en los bloqueos a los portales digitales El Nacional web, La Patilla y El Pitazo.
Jony Rahal, presidente de la comisión, aseguró que la negativa de las operadoras de telefonía móvil no es buen síntoma de que quieran aclarar los hechos, por lo que automáticamente se convierten en cómplices del régimen por omisión.
Enfatizó que esta violación sistemática constituye un crimen de lesa humanidad, porque se les impide a los ciudadanos recibir información veraz.
El parlamentario agregó que hasta el 4 de julio tienen oportunidad de acudir a la comisión, de lo contrario determinarán su responsabilidad política por el hecho.