Han pasado casi 15 años y hoy 5 de los 9 policías metropolitanos procesados por 2 de las 19 muertes ocurridas en el puente Llaguno el 11 de abril de 2002, se encuentran presos en Ramo Verde en condiciones inhumanas, enfermos y sometidos –algunas veces– a agresiones.
Sus familiares, que exigen la liberación inmediata, aseguraron que los ex funcionarios han sido víctimas de injusta prisión y del silencio de los tribunales ante las solicitudes de beneficios y medidas cautelares. Contaron que antes de eso vivieron un extenso juicio, en el que se presentaron pruebas comprobatorias de sus inocencias e igual fueron condenados a penas por homicidios de entre 16 y 30 años de cárcel.
“Los policías metropolitanos han perdido la mitad de sus vidas allí, sus mejores años por una condena que no merecen”, dijoYamilet Hernández, esposa de Arube Pérez, cabo primero de la PM, detenido el 19 de abril de 2003 y condenado a 17 años y 10 meses de prisión.
Pérez y sus otros cuatro compañeros –Erasmo Bolívar, Marco Hurtado, Luis Molina y Héctor Rovaín– pudieron haber sido excarcelados hace varios años, cuando cumplieron el tiempo mínimo requerido para recibir beneficios, pero ese derecho ha sido ignorado por el tribunal de Maracay que lleva el expediente.
Solo el sargento Julio Rodríguez y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Viva han recibido medidas sustitutivas de privación de libertad. Todos por razones de salud.
Hernández afirmó que durante varios años han acudido a todos los organismos correspondientes y se han reunido con los funcionarios de esos despachos, pero ningún encuentro ha tenido éxito, pues no les han otorgado las medidas alternativas de cumplimiento de pena, que establece el Código Orgánico Procesal Penal.
“Ya no tenemos a donde más acudir. Agotamos todas las vías y en todas partes nos cierran las puertas. Eso es injusto, hay quienes son crueles y asesinos y a ellos si le dan la libertad”, expresó.
Laura Pérez, esposa de Molina, distinguido de la PM condenado a 30 años de cárcel, indicó que el caso está en el abandono tanto de los organismos jurídicos, penitenciarios y de derechos humanos como de la defensa, ya que sus abogados se han ido del país a excepción de uno.
Ambas parientes denunciaron que los ex funcionarios se encuentran en malas condiciones y que están expuestos a agresiones físicas y verbales. Las últimas que sufrieron fue en febrero cuando una comisión del Dirección General Contrainteligencia Militar visitó la cárcel. Los golpearon con armas blancas y robaron parte de sus pertenencias.
Pérez señaló que los ex oficiales fueron agredidos hasta con un hacha de bombero y que todo ocurrió “bajo la mirada inerte deldirector” de Ramo Verde.
Hernández añadió que algunos de ellos requirieron traslado médico a causa de las agresiones. También mostró preocupación por la salud de los ex policías quienes han desarrollado enfermedades durante la reclusión.