Las elecciones de gobernadores estuvieron signadas por una cadena de irregularidades que culminaron con el irrespeto al voto en vista de que ha sido frustrada la voluntad popular con la persecución a los gobernadores opositores y la reducción de sus competencias constitucionales, advierte la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación.
José Domingo Mujica, vocero de la ONG, dijo que se constató que el 15 de octubre en 44% de los casos el escrutinio de las actas no fue público, como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Ese señalamiento fue secundado por Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Señaló que la ONG no fue acreditada como observadora del proceso –solo se aceptaron dos organizaciones locales– y que sus representantes, en muchos casos, tampoco pudieron presenciar el escrutinio público.
Mujica explicó: “Se configuró desde el principio un marco fraudulento. En estas elecciones, más allá del ventajismo oficial de procesos anteriores, hubo novedades que entorpecieron el proceso. Un aspecto llamativo es que 58% de los centros de votación permanecieron abiertos hasta las 8:00 pm, a pesar de que en varios de ellos no había votantes en cola. Aunque no es una norma que el CNE informe de la extensión de la jornada, por primera vez se rompió con la tradición del anuncio al país sobre la medida. En muchos casos la extensión del horario de votación fue una intervención arbitraria del coordinador o de funcionarios del Plan República, quienes no tienen atribución para tomar estas decisiones”.
Manifestó que en el informe preliminar de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación se verificó que en 32% de los centros las mesas se constituyeron con miembros accidentales, y no con los miembros seleccionados por el Poder Electoral, mediante sorteo, lo cual afectó la transparencia del proceso y dificultó el desempeño de sus funciones.
“Teniendo en cuenta que fueron 23 elecciones, hubo estados donde esta situación tuvo un impacto enorme, especialmente donde hubo menos participación”, afirmó. Esta irregularidad está relacionada con el comienzo del proceso antes de las 7:00 am en 53% de los casos.
Otro aspecto que afectó los comicios del 15-O, indicó Mujica, fue que 39% de los testigos acreditados por los partidos se vieron imposibilitados de cumplir con sus funciones. “En muchas partes se bloqueó la entrada de los testigos”, informó la Red de Observación Electoral.
El vocero de la organización puntualizó que las trabas fueron acentuadas con la reubicación de los centros de votación, que en algunos casos ocurrió más de una vez. Añadió que a ese tipo de manipulaciones electorales se le conoce en Centroamérica como “el ratón loco” porque tienen el objetivo de despistar a los electores.
Refirió que se registraron denuncias de cambios en el estado Miranda el mismo día de los comicios en la madrugada: “Los electores que votaban en la Universidad Simón Bolívar, donde no hubo ni un tiro durante las protestas, fueron migrados según el CNE por manifestaciones violentas, primero para Ojo de Agua y luego para la Unidad Educativa José Tadeo Monagas, en el sector las Lomas de Hoyo de la Puerta”.
En ese centro, informó el coordinador electoral, a las 9:00 am del 15 de octubre solo habían votado 300 de 7.000 electores de la USB.
Mujica calificó de grave la alteración del resultado en el estado Bolívar debido a que el acta transmitida fue hecha a mano, por fallas en las máquinas, y no coincidía con los cómputos.
Lander sostuvo que de comprobarse las denuncias formuladas por el candidato opositor Andrés Velásquez sobre la presunta modificación de resultados de algunas actas por el CNE, se confirmaría la sospecha de fraude en la entidad.
El OEV señala en su informe preliminar: “En Bolívar fue evidente el impacto que tuvo en el resultado electoral la negativa del CNE de aceptar las sustituciones de candidatos. Por esta razón Velásquez dejó de sumar a su favor 3.787 votos. La duda generada impone la necesidad de hacer una revisión exhaustiva de todo el proceso de estas elecciones de gobernadores y, en especial, al sistema de totalización (envío de actas y bitácoras) y a los datos de electores (duplicidad de huellas)”.
Voto asistido. Luis Lander indicó que durante la jornada del 15 de octubre el CNE no instaló los puntos de información en los centros de votación, con lo cual no hubo controles sobre el voto asistido, que terminó siendo discrecional. “No hay forma de comprobar si se cumplió con la norma de que una persona solo puede asistir a un elector”, dijo.
Destacó que para el proceso comicial se tuvo que sortear una cadena de obstáculos que comenzó con los cambios en la fecha de la elección: debió ser en diciembre de 2016, luego se señaló para diciembre de este año y, finalmente, por decisión de la ANC, para octubre. A esto se suman otros aspectos como el hecho de que se modificó el registro electoral fuera del lapso establecido, quedando por fuera 17.325 habitantes de Táchira.
El OEV precisó: “Sin previo aviso, el CNE eliminó 76 centros y más de 7.000 mesas de votación”.
El consultor electoral Aníbal Sánchez afirmó que la desconfianza hacia los resultados comiciales tiene su origen en los vicios del proceso.
“No se puede considerar la elección de gobernadores como libre y democrática, cuando estuvo signada por la coerción. Desde que se hace una convocatoria tardía, atropellada e irregular; se mantiene una oferta electoral engañosa; con una observación electoral no calificada, se realiza migraciones de electores a pocas horas del evento, a lo que se le suma la guerra psicológica con mensajes inhibidores, hasta acciones de ofensa y hostigamiento al elector y testigo de las opciones”, manifestó.