A 6.990 kilómetros de Venezuela, Lorent Saleh, preso político excarcelado el pasado 13 de octubre, habló en Madrid de los cuatro años que vivió en prisión. Acompañado de su madre, Yamile Saleh, con quien se reencontró el lunes, denunció las injusticias y violaciones a los derechos humanos de las que son objetos los presos políticos en el país.

Manifestó que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y que existe una violación sistemática de los derechos humanos. “Hay una política de Estado dirigida a aterrorizar e intimidar a la sociedad civil”, afirmó.

Acusó al gobierno de implementar terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. “Todos los medios que puedan usar para generar pánico en la colectividad, los hacen efectivos para mantenerse en el poder; por eso hay más de 400 presos políticos, por eso muere tanta gente y por eso los jóvenes huyen del país”, agregó.

Ante esa situación pidió a la comunidad internacional llevar a cabo acciones efectivas para proteger a los venezolanos que quedan en Venezuela, que –declaró– dejó en contra de su voluntad. “Me dolió irme de mi país, no lo escogí yo. Me dijeron: ‘móntese ahí’, y me arriesgué. Por segunda vez me sacaron de Venezuela, pero voy a regresar, pero no va a ser solo; vamos a ser miles de venezolanos los que vamos a volver a esa tierra que amamos”.

Oscura prisión. El joven activista por los derechos humanos recordó que fue entregado en 2014 de manera ilegal por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, momento en el que había negociaciones de Venezuela con las FARC y el gobierno de esa nación.

Desde entonces recorrió un camino de maltratos,  golpizas y humillaciones por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Fue excarcelado y enviado a España de manera arbitraria, sin ningún juicio ni prueba que lo incriminen en los delitos por el cual pagó una prisión adelantada de cuatro años.

Ayer, “en libertad y en un país libre”, dio fe de las torturas físicas y psicológicas que se cometen en La Tumba y en El Helicoide, 2 de las 36 cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. “El Helicoide es la decadencia de un sistema colapsado; La Tumba es el aislamiento absoluto y en silencio. El Helicoide es el hacinamiento y La Tumba eres tú y tus temores”, expresó.

“En este momento se está torturando gente, yo lo vi, lo viví, no me lo contaron; en mi cuerpo hay huellas”, relató a los medios europeos y a la comunidad de venezolanos en España que lo recibió.

El dirigente de Operación Libertad denunció que las torturas que sufrió en La Tumba –ubicada a cinco piso del sótano de la sede del Sebin de Plaza Venezuela– fueron dirigidas por Katherine Harrington, la entonces fiscal que llevaba el caso de Antonio Ledezma, con conocimiento de la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

“Cuando la fiscal Ortega Díaz estaba en su despacho, Harrington dirigía la tortura. Fue por dos semanas a La Tumba a dirigir cómo y de qué forma nos iban a presionar para acusar a Ledezma. Fuimos muchos los que sufrimos desde 2014”, relató.

Saleh indicó que en Venezuela se tortura a los detenidos para obligarlos a declarar y a admitir hechos que no hicieron. Aseguró que 90% de los casos de presos políticos son falsos positivos y simulaciones de hechos punibles.

Dijo que pudo ver al diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, en su celda en El Helicoide. “Nos dimos un abrazo y antes de irme me dijo que no lo hiciera, fue horrible, pero él es un hombre valiente e inteligente. No lo van a derrotar”, añadió.

Informó que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida de protección para los presos –políticos y comunes– que se encuentran en las sedes del Sebin.

Indicó que es necesario que se libere a los presos políticos en el país. Considera que cualquier método para solucionar la crisis pasa por la liberación de todos los detenidos.


Exigen fecha de visita de la ONU

Activistas y familiares de presos políticos acudieron a la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en Caracas a exigir la fecha de la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Un grupo de familiares y abogados de presos políticos se congregó por segunda vez este mes a las afueras de la sede del organismo internacional, para pedir información sobre la gestión establecida en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 27 de septiembre, en la que se aprobó que la alta comisionada constate la situación humanitaria en el país.

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, informó que representantes de la ONU en Venezuela le indicaron que se encuentran adelantando los preparativos para la visita de Bachelet. “Tiene que pasar porque es una resolución ya dada en el Consejo de los Derechos Humanos”, expresó.


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