Organizaciones no gubernamentales advirtieron que la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que aprobó la Asamblea Nacional constituyente, forma parte de las medidas que el Estado ha implementado desde hace varios años para cercenar la libertad de expresión y callar la prensa libre.
Carlos Correa, director de Espacio Público, indicó que las restricciones que impone esa norma han venido ocurriendo desde antes de que la ANC aprobara el texto legal. “Esa norma genérica, vaga e imprecisa lo que viene es a fortalecer la dinámica restrictiva del Estado contra los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión”, indicó.
Desde enero hasta septiembre, Espacio Público registró que 17 medios impresos han dejado de circular parcial o permanentemente, 8 canales de televisión han salido del aire, 49 emisoras de radio han dejado de transmitir en el espacio radioeléctrico, 12 páginas web de información han sido atacadas, así como decenas de periodistas robados, hostigados, amenazados e incluso hasta encarcelados.
Correa dijo que jurídicamente no se trata de una ley, porque no fue decretada por la Asamblea Nacional, órgano que la Constitución le da la potestad para proclamar leyes. Afirmó que la imprecisión de la normativa hace deducir que cualquier expresión puede ser un delito que “acarrea sanciones muy fuertes, incluso superior a las de un homicidio”.
“Pareciera que una de las cosas que se pretende hacer con esta norma es generar inhibición y procurar que la gente deje de expresarse libremente. Con eso se reducen las garantías para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión”, manifestó.
Ataque al gremio. “La opinión, la libertad de expresión y la búsqueda de la información quedan tremendamente amenazadas”, advirtió Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Indicó que con las sanciones que establece la Ley contra el odio –como los 20 años de cárcel para quien incurra en un supuesto delito de esa naturaleza– se pretende amordazar a la ciudadanía.
Rechazó que la opinión y la posición distinta al gobierno la conviertan en un delito. “Cuando no se ha legislado en contra de los que secuestran, de los que extorsionan, de los corruptos, se pretende amordazar”, afirmó.
Advirtió que el gremio periodístico ya ha sido víctima de sanciones. “Está el caso de Carlos Julio Rojas que fue detenido por tomar unas fotografías”.
Informó que el CNP, junto con otras ONG, se encuentra realizando un informe sobre cómo el articulado de la norma perjudica el ejercicio periodístico en el país. El documento será presentado ante instancias internacionales y nacionales.
Derechos transgredidos. De acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad, los artículos 1, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 de la Ley contra el odio menoscaban los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red, debido a que se pretende regular la expresión de los ciudadanos en cualquier ámbito, incluso hasta en las redes sociales.
El informe publicado por el IPYS señala que en la normativa impulsada por el gobierno se evidencia la censura, el abuso de la posición dominante del Estado, las restricciones de acceso a la información y a la libertad personal, y la violación al debido proceso y al derecho a la justicia.
Un Mundo Sin Mordaza exigió al gobierno respetar y defender la libertad de expresión e información “de la que deberían gozar todos los ciudadanos del país y que es fundamental para asegurar el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural”.
En un comunicado de prensa denunciaron que este año las violaciones a este derecho han sido graves. En los primeros 9 meses del año reportaron 887 violaciones al derecho a la libertad de expresión.
El dato
El artículo 20 de la Ley contra el odio, establece: “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (…) será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.