Por segunda vez, en menos de un mes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia inicia un procedimiento de revisión de constitucionalidad de una ley en silencio y de espaldas a la opinión pública. El jueves 21 de abril a las 6:11 pm el TSJ informó a través de su cuenta Twitter que la Sala analiza la constitucionalidad de la Ley de Tickets de Alimentación y Medicinas para Jubilados y Pensionados, desde el 14 de abril, a petición del presidente Nicolás Maduro. Siete horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos (AD), había informado que la norma había sido promulgada por el Parlamento, ante el silencio administrativo de Miraflores, conforme a lo establecido en los artículos 214 y 216 de la Constitución. Ramos acusó a Maduro de enviar la ley «a escondidas» para que la Sala Constitucional «la anule». En consecuencia, la ley sancionada por la plenaria el 30 de marzo no está vigente. El mismo proceder se registró con la reforma de la Ley del Banco Central el mes pasado. En aquella ocasión el Parlamento también aguardó los 10 días que ordena la Constitución para que el presidente de la República dicte el «ejecútese» y el 28 de marzo la promulgó. Ese mismo día AVN informó que la Sala revisaba la constitucionalidad de la reforma desde el 17 de marzo, aunque la información, como ahora, no estaba registrada en la cuenta de la Sala. La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del TSJ que discute la AN, obliga al TSJ a notificar al Parlamento cuando recibe la solicitud del Ejecutivo de revisar la constitucionalidad de las leyes.


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