Las 1.200 manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro que comenzaron el 1 de abril de este año constituyen un hecho inédito en la historia contemporánea de Venezuela porque, a pesar de la represión a la que han sido sometidos quienes participan en ellas, no solo se han mantenido sino que han aumentado. En el primer trimestre de 2017 el Observatorio Venezolano de Conflictividad reportó el mismo número de protestas, informó Marco Antonio Ponce miembro de la organización.
El defensor de los derechos humanos considera que esto tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía ha perdido el miedo. “Las personas que protestaban hace unos meses para exigir derechos sociales se están uniendo al rechazo contra el gobierno de Nicolás Maduro y continúan con la misma exigencia”, indicó.
Ponce señaló que el Estado no ha respondido a las peticiones de solventar la crisis económica, social y política que atraviesa el país, sino que por lo contrario, la respuesta del gobierno ha sido una desmedida represión, que se ha intensificado desde el 18 de abril con la ejecución del Plan Zamora, que entre otras cosas, absorbe a los grupos paramilitares como parte del organigrama de las Fuerzas Armadas.
El acompañamiento de los líderes de la MUD en las protestas ha sido también otra de las acciones que definen que éstas se mantengan y sean cada día más numerosas. “La dirigencia política, en este caso los diputados, han estado con la gente al frente de la manifestaciones expuestos a las mismas consecuencias”.
Ponce cuestiona la táctica del gobierno de incrementar la acción policial y militar contra las marchas pacificas. “Ahora los cuerpos policiales emplean la fuerza potencialmente mortal hacia los manifestantes y tiene como fin hacer la mayor cantidad de daño”. Aseguró que esto se evidencia “cuando disparan de manera horizontal y usan metras y cabillas como municiones”.
El representante del OVCS considera que las decisiones del gobierno ante las manifestaciones han incrementado el espiral de conflictividad el país y que esto fue reconocido por la fiscal general Luisa Ortega, en sus últimas declaraciones.