Detenidos
Foto: cortesía

38 ONG que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos rechazaron la usurpación de funciones y abusos de poder del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Nueva Esparta.

Relataron que el 21 de abril los apresados no tuvieron acceso a sus familiares y abogados. La declaración fue ofrecida en la audiencia de presentación de los 38 ciudadanos detenidos por la GNB, PNB y la Policía del estado Nueva Esparta, en “redadas ilegales e inconstitucionales”.

Este tribunal, a cargo de Roberto Morillo Lara, solo permitió contactos con sus abogados a algunos aprehendidos 30 minutos antes de la audiencia.

Destacan que, pese a que la Fiscalía encontró vicios en el expediente que evidenciaban graves violaciones a los derechos fundamentales y que solicitó la nulidad de las actuaciones por lo que correspondía la libertad plena de los detenidos, el tribunal, “usurpando funciones y en un evidente abuso de poder, imputó los delitos de daños agravados e instigación pública y les impuso a los aprehendidos una sustitutiva de libertad con presentación de fiadores. Lo que constituye una privación ilegítima de la libertad de los ciudadanos”.

Rechazan la subversión del orden establecido por el juez Morillo, porque es una violación al derecho a la defensa, debido proceso y libertad personal, “de no ser solventada de manera inmediata, se constituye en una ruptura del orden constitucional al asumir el Poder Judicial competencias del ciudadano”.

Piden a la fiscal Luisa Ortega Díaz y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que de manera inmediata tomen medidas para dar libertad plena a los detenidos.


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