La Asamblea Nacional abrió una investigación por los allanamientos que realizó el Sebin el 30 de abril, a las residencias y oficinas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
En la sesión de la Comisión Consultiva de la AN, los parlamentarios recordaron que el servicio de inteligencia irrumpió en las propiedades de ocho magistrados sin orden judicial y afectaron psicológicamente a quienes se encontraban en el lugar, como en el caso de la madre de Elenis Rodríguez, que sufre de Alzheimer.
Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, aseguró que esta práctica “raya en el sadismo”. “Lo único que hacen es atacar a los familiares. Esto no lo hacía ni Pérez Jiménez; ni la mafia se comporta así”.
Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, aseguró que como parte de la investigación enviaron varias comunicaciones a los organismos de seguridad del Estado, con el fin de que informe sobre estas actuaciones que calificó de ilegal.
Pese a que los diputados no descartaron el aumento de la persecución, ratificaron su autorización para que el TSJ continúe el enjuiciamiento contra Maduro por casos de corrupción y legitimación de capitales.
En un comunicado, el Bloque Institucional denunció que el Sebin tuvo un comportamiento grosero e indignante para presionar psicológicamente a los parientes y así obligar al TSJ en el exilio a abandonar su empeño en rescatar la institucionalidad de la justicia.
Aseguraron que remitirán el caso a la Corte Penal Internacional para que forme parte de la investigación sobre delitos de lesa humanidad que cursa contra el gobierno de Maduro.
Antonio Marval, vicepresidente del TSJ, es uno de los magistrados a los cuales se les violó su propiedad en el estado Carabobo. En una entrevista que concedió a CNN explicó que el allanamiento se realiza para encontrar pruebas que afiancen la investigación de un fiscal, por cuanto es ilegal que nueve meses después de la supuesta comisión del delito de traición a la patria, funcionarios del Sebin ingresen a las viviendas sin una orden.
“Se trata de una reacción por el juicio que llevamos y además es una retaliación por parte de Tarek William Saab, que no tiene estatura moral ni capacidad para ocupar el cargo como titular de la acción penal”, afirmó Marval.
La fiscal Luisa Ortega Díaz alertó que a través de la justicia internacional procesarán a los jueces y fiscales que se presten para perseguir por razones políticas a cualquier venezolano. “Deberán asumir su responsabilidad por autorizar procedimientos arbitrarios violatorios de los derechos humanos”, expresó en su cuenta en Twitter.
ElDato: El Bloque Constitucional advirtió que al tomar de forma arbitraria y agresiva los espacios donde está el entorno más cercano de los magistrados, el Sebin violó el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que los ascendientes y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad del imputado no están obligados a declarar.
Aseguraron que los ataques del gobierno significan una comisión continuada de actos delictuales a través de la intimidación.