Política

Informe oral de Bachelet evidencia la institucionalización de la tortura

Alonso Medina Roa, especialista en derechos humanos, aclaró que la delegación de la ONU tiene experiencia y está capacitada para interpretar la realidad sobre la materia en Venezuela  

Michelle Bachelet
Por Javier Cedeño Cáceres | @JavierWebEN

Las numerosas violaciones de los derechos humanos documentadas por los expertos de la Organización de las Naciones Unidas en la materia evidencian la institucionalización de la tortura en Venezuela.

La afirmación la hizo el especialista en derechos humanos Alonso Medina Roa en una entrevista exclusiva para El Nacional

“Se está ratificando lo que hemos denunciado desde la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia: la institucionalización de la tortura en Venezuela y el deterioro de los derechos fundamentales de los venezolanos”, indicó.

Señaló que el informe oral de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas incita a reacciones políticas nacionales e internacionales. “Esto debe generar un impacto en la política internacional de gran relevancia y es un paso importante, previo al informe definitivo que se va a presentar en los próximos meses”, aseveró.

El abogado fue prudente sobre las próximas opciones que podrían surgir en relación con el tema y aclaró que serán “decisiones exclusivas de las autoridades de las Naciones Unidas”.

El 11 de marzo una delegación de la ONU integrada por cinco personas llegó a Venezuela para constatar la situación social y política del país, y deberá presentar el resultado de la visita en un informe definitivo en junio. La comisión internacional, que continúa en el país, se reunió con representantes de Nicolás Maduro y con el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

Luego de la visita de la misión a las cárceles de Uribana y Fénix, los presos denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones que las autoridades penitenciarias habían procedido previamente al “maquillaje” de esos penales para ocultar la situación. Voceros de la ONG Foro Penal Venezolano también aseguraron que representantes de Maduro no permitieron que los enviados de la ONU hablaran con los reclusos.

“Si bien es cierto que esta comisión ha tenido varias limitaciones por parte del gobierno nacional, los enviados son gente con mucha experiencia y saben interpretar la realidad de los derechos humanos en Venezuela”, destacó Medina Roa.

Bachelet refirió en su informe oral que su oficina pudo documentar numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados prochavistas en Venezuela. Además, expresó preocupación por las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como por los actos de amenaza e intimidación.

Proceso de investigación

Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas, recordó que en 2017 y en 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó otros dos informes sobre Venezuela. Subrayó que los procesos en esa instancia internacional son graduales y que deben cumplir con una serie de protocolos.

“Depende del caso y del proceso que se elija, pero obviamente, como todos los procesos, los resultados no son inmediatos. La comunidad internacional ha tenido una reacción muy importante ante la situación venezolana”, afirmó la defensora de derechos humanos.

“Una vez que se discuta el informe en junio de este año, puede que algunos elementos de gradualidad aumenten, como la designación de una comisión especial u otros mecanismos. No creo que estemos en condiciones de decir que sobre Venezuela hay una demora por parte de los organismos internacionales, más bien están avocados a la situación”, indicó.

Está previsto que en septiembre se discuta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe oficial sobre la situación en Venezuela. “La preocupación es que esto tiende a agravarse. Sin duda, mientras el Estado no disponga de sus herramientas de investigación, de reparación y de protección a la víctima, estos hechos tienden a agravarse”, dijo la representante de Cofavic.