En forma sistemática, el gobierno de Venezuela ha empleado fuerza brutal, incluso torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos, señalaron en un informe difundido por Human Rights Watch y el Foro Penal.
Ambas ONG presentaron el informe Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela, en el cual se documentan, al menos, 88 casos sobre 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y en 13 estados, entre abril y septiembre de 2017.
Se destaca que “miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno”.
José Miguel Vivancos, director para las Américas de HRW, reveló: “Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”.
“En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, las hacinaron en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos”, se señala en el documento.
En varios casos, se acota, los detenidos fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluso a dirigentes opositores. “El tipo de abusos y el momento en que se produjeron muchos de ellos sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas, señalaron HRW y el Foro Penal.
A pesar de las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, HRW y el Foro Penal no consiguieron ningún indicio de que funcionarios públicos en puestos clave hayan adoptado medidas para prevenir y sancionarlos.
“Los abusos en las calles han disminuido desde julio tan solo porque hay menos manifestaciones, pero el gobierno no ha dado señales de que tenga previsto renunciar a la represión brutal de opositores, ni mucho menos de exigir que los funcionarios rindan cuentas por los abusos generalizados que se cometieron. La impunidad ha sido la regla”, indican ambas ONG.
Sus conclusiones son las siguientes: “Miembros de las fuerzas de seguridad y de pandillas armadas partidarias del gobierno, colectivos, en Venezuela, han causado decenas de muertes y cientos de heridos”.
“Desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas”, indicó Alfredo Romero, director del Foro Penal. “Algunos detenidos fueron objeto de procesos penales arbitrarios, sin las garantías básicas de debido proceso”.
Al menos 757 civiles fueron juzgados en tribunales militares por delitos que incluyeron traición a la patria y rebelión militar, en violación del derecho internacional.
Solicitan que con urgencia se redoble la presión multilateral sobre el gobierno de Venezuela para que este libere a quienes fueron detenidos arbitrariamente, desista de los cargos en procesos penales con motivaciones políticas y actúe para que los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos, y advierten que si el gobierno no demuestra voluntad para que los agentes de las fuerzas de seguridad respondan penalmente, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero.