La aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional y Endeudamiento Público para 2018 por parte de la asamblea nacional constituyente (ANC) empeorará las relaciones de Venezuela con la comunidad internacional.
Instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA); Mercado Común del Sur (Mercosur); Unión Europea (UE) y países como Estados Unidos, Canadá y Colombia no reconocen a la ANC, alegando que se instaló de manera antidemocrática y que además ha socavado competencias de la Asamblea Nacional (AN).
“Si esos países y organismos son coherentes en desconocer a la ANC, desde enero de 2018 no deberían mantener ningún tipo de relación comercial con el gobierno venezolano”, sopesó Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional, en declaraciones a El Nacional Web.
Más allá de la imagen írrita que proyecta de la Cámara chavista, entre sus competencias no está estipulado que puedan dictar leyes. Por el contrario únicamente el Parlamento, de mayoría opositora, puede legislar y dictar la Ley de Presupuesto anual según los artículos 311 y 312 de la Constitución.
“La ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto”, reza la Carta Magna en su artículo 312.
A pesar de las circunstancias el internacionalista de Alba desestimó que tal escenario se produzca al pie de la letra, debido a los negocios que algunas naciones mantienen con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“No es seguro que la mayoría considere útil romper relaciones comerciales, por lo que es poco probable que eso ocurra”, anticipó. Citó el caso de México, que exporta las cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Independientemente de la postura que asuman organismos y países en 2018, la internacionalista Elsa Cardozo agregó que lejos de ganar legitimidad ante el mundo, la ANC ratificó las razones que impulsaron a casi 50 naciones a tildarla como un organismo ilegal.
“Se reforzó la tesis internacional de que el gobierno no logra respaldar sus decisiones de manera legal. No solo afectaron la legalidad sino que no transmitieron confianza”, deslizó en palabras para El Nacional Web.
José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo, sospechó que la ANC aprobó el presupuesto a sabiendas de que estaba incumpliendo sus atribuciones, lo hizo para responder a intereses del gobierno.
“Quieren seguir gastando sin control y continuar hipotecando al país”, expresó Guerra en una nota de prensa difundida el 28 de septiembre.
Intensificación de sanciones y crisis económica
Las sanciones que impusieron la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá contra funcionarios venezolanos en el segundo semestre de 2017 pudieran intensificarse en 2018, previó De Alba.
“La crisis continúa y todo apunta a que la situación va a empeorar pero el gobierno no parece dispuesto a buscar una salida”, apuntó el abogado.
Pronosticó que la UE comience a incluir directamente a funcionarios, por lo que podrían congelarles bienes y cuentas e incluso prohibirles entrada a su territorio, como alertó el organismo el 3 de noviembre, cuando impuso ordenanzas por primera vez contra el gobierno de Venezuela pero sin señalar integrantes directamente.
“Europa podría anunciar nombres específicos. Tampoco hay que descartar que ocurra lo mismo en Latinoamérica”, agregó.
A contraparte, el propio Maduro —uno de los cuatro presidentes en el mundo sancionados por el Departamento del Tesoro— ha insistido ante la prensa que las medidas responden a un ataque coordinado por países potencia para ejecutar un bloqueo financiero contra Venezuela.
La internacionalista Cardozo, sin embargo, desmintió tales argumentos. “El gobierno fue sancionado por incumplir la Constitución y las sanciones no generaron dificultades: fueron ellos los que no cumplieron la ley con la AN”, arguyó.
El dato
Desde 2015 la Asamblea Nacional no aprueba la Ley de Presupuesto Anual. En 2016 la tarea corrió por parte del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que en 2017 la ANC asumió las competencias del Parlamento.