La Iglesia exigió al gobierno “cesar la represión violenta contra los ciudadanos”, y afirmó que esas acciones «se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”. La institución religiosa le recordó al Consejo Moral Republicano “la obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos” e investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que los vulneren.
En un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela sostiene que debido al momento crítico que vive el país y tomando en cuenta la situación generada por “el presunto atentado contra el mandatario Nicolás Maduro” el sábado, los hechos punibles que se investiguen deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los tribunales correspondientes, que impliquen la existencia del delito y su tipificación, condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes.
Advierte que las “aprehensiones de parlamentarios, funcionarios o ciudadanos, con base en indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, que atentan contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos”.
La CEV añade que el Consejo Moral Republicano, integrado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, de acuerdo con sus competencias y atribuciones constitucionales tiene el compromiso de velar por el respeto y garantías de los derechos humanos, investigando de oficio las denuncias que conozca. Debe, además, “amparar y proteger los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas contra las arbitrariedades y desviaciones del poder, interponiendo las acciones necesarias que conduzcan a determinar la responsabilidad de los funcionarios de cualquier instancia que vulnere los derechos humanos”.
El texto de los obispos se divulga cinco días después del atentado contra el presidente Maduro, que acusa como responsables al ex gobernante de Colombia Juan Manuel Santos y a los diputados Julio Borges y Juan Requesens, a quienes, además, la asamblea nacional constituyente les levantó la inmunidad parlamentaria.
“Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos, con base en indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias”
Conferencia Episcopal de Venezuela