La Iglesia asegura que el “país está pasando por una situación muy delicada”, y acusa al gobierno de Nicolás Maduro de querer “instaurar una espiral de violencia en el país y de promover el resquebrajamiento de la justicia» al señalar violan las leyes y los procedimientos legales.
En un comunicado, difundido en medio de las detenciones por el atentado a Maduro el 4 de agosto, la Conferencia Episcopal Venezolana indica que todo lo que tiene que ver con la justicia «se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento y al atropello del Estado de Derecho”.
Los obispos añaden que la violencia venga de donde venga, contra personas, instituciones o el pueblo mismo, debe ser rechazada en todas sus vertientes. “Con la paz logramos todo, con la violencia la destrucción”.
En un Estado de Derecho, refiere, a las personas detenidas se les debe garantizar los derechos relativos a la integridad física y psicológica, a las relaciones familiares y sociales, y a la integridad moral. Rechazan el uso de todo tipo de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el aislamiento, la completa imposibilidad de comunicación y “la falta de contactos con otros seres humanos, que las más de las veces provocan graves sufrimientos psíquicos y físicos al privado de libertad”.
La dignidad de la persona y los derechos fundamentales no pueden negarse nunca. Esta es la esencia última de la justicia, que implica principalmente reconocer que toda persona –independientemente de su origen y condición, raza, pensamiento y comportamiento –, por el hecho de ser persona, tiene la misma y fundamental dignidad”, apunta la CEV.
El recordatorio de los obispos, que no hacen alusión a algún caso en específico, se produce también en momentos en que familiares, dirigentes opositores y la fiscal general Luisa Ortega Díaz han denunciado que el diputado Juan Requesens ha sido sometido a tratos crueles y que le han negado la visita de sus familiares y abogados.
También lamentan que quienes “se sienten con poder están usando la violencia represiva”. Afirman que para ejercerla están violando leyes, articulados de la Constitución y los derechos humanos. “Perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación. Pero nada de esto está ocurriendo; por el contrario, se quiere ejercer un control social y se promueve el quiebre de la disidencia”, añade.
La CEV sostiene que la protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos, que les pertenecen al pueblo, son acciones que están avanzando. “Debemos seguir fomentando la reconciliación y la paz, la búsqueda de la verdad y un discernimiento espiritual que nos permita saber valorar toda información o hechos que puedan ocurrir en el país; buscar la verdad es tarea de todos”.
Los obispos exhortan a los organismos de seguridad del Estado a cambiar su actitud: “Entiendan que estamos en momentos de grandes sacrificios y sufrimientos de nuestro pueblo, de sus propias familias, de sus hijos. No repriman, sino antes bien, acompañen a este pueblo que no tiene otra alternativa sino la de buscar ser escuchado en sus necesidades”.