Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves que el proyecto de Ley de Amnistía que discute la Asamblea Nacional (AN) sea reformado para garantizar que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
«Las disposiciones imprecisas y vagas que contiene el proyecto de ley de amnistía podrían permitir que se garantice la impunidad a agentes del Estado responsables por graves abusos», alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, citado en un comunicado difundido en Washington.
La organización no gubernamental se pronunció sobre el proyecto aprobado en primera discusión el 22 de enero por la AN y que se espera aplicar a quienes están siendo procesados penalmente por motivos políticos, así como a funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución del orden constitucional en ese país.
«Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela», subrayó Vivanco.
A juicio de HRW, la ley de amnistía propuesta «tiene términos muy amplios y no especifica qué delitos quedarían cobijados, ni explica tampoco cuál es el proceso para su implementación».
«Solamente establece que será administrada por jueces venezolanos, que serían sancionados si se niegan a cumplirla», puntualiza la organización de derechos humanos.
En ese sentido, HRW señala que el proyecto de ley menciona el artículo 29 de la Constitución venezolana, que «prohíbe las amnistías por delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra».
Pero advirtió de que «este lenguaje no aparece en los artículos que se refieren a las amnistías en favor de actuales funcionarios civiles y militares que retiren su apoyo a Maduro».
En tal sentido, HRW considera que «la ley debería reformarse para establecer claramente que las mismas reglas constitucionales también se aplican a estos casos».
«Las disposiciones sobre amnistía que otorgan impunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos contravienen la obligación jurídica de los Estados de asegurar que se haga justicia por esos abusos», añadió.