A 48 días de la detención del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, familiares, abogados y compañeros de partido no han podido comunicarse con él, constatar su estado de salud y el sitio de reclusión. Presumen que está en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide. 

“Desde el día antes de su detención no hemos tenido ningún tipo de contacto. Hemos agotado todos los recursos. Estamos esperando a que al régimen le dé la gana de permitirnos verlo o saber algo sobre él”, dijo la hermana, Carolina Caro. 

El parlamentario fue apresado sin orden de aprehensión por segunda vez en dos años el 26 de abril en la madrugada, por funcionarios del Sebin, cuando se encontraba en un local de comida en Caracas. “La información que tenemos sobre la causa de la detención es totalmente ambigua”, señaló su abogado, Juan Luis González. 

González explicó que al saber de la aprehensión, presentaron un amparo ante el Tribunal 52.° de Control, pero fue declarado inadmisible porque el juez manifestó haber mantenido una conversación telefónica con la policía política, que informó que la orden de detención fue librada por el Tribunal 6.° de Control Militar. 

Esa corte marcial fue la que llevó el caso de la primera detención, el 11 de enero de 2017, en el estado Carabobo, por la presunta comisión flagrante de los delitos de traición a la patria y sustracción de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esa ocasión no llegó a ser condenado.

Catorce días después de su segunda encarcelación, el 10 de mayo, la corte notificó que la medida cautelar que tenía el dirigente de Voluntad Popular desde el 3 de junio de 2018 había sido revocada el 23 de abril por supuesto incumplimiento. “Si le revocan la medida, no había ninguna comunicación en el expediente en la que el órgano apresor informara al tribunal que estaba detenido y a su orden para que se fijara cualquier acto procesal”, indicó el jurista.  

Agregó: “El tribunal lo único que nos ha dicho es que ‘presuntamente’ estaba detenido en el Sebin. Ni siquiera tenemos una información real, oficial y fidedigna sobre el sitio de reclusión, con la agravante de que no se ha fijado la audiencia de presentación del imputado, que debería celebrarse 48 horas después de la detención, para saber y debatir la causa de la revocatoria de la medida cautelar o la audiencia preliminar que se realiza 15 días luego de ser detenido”. 

Recordó que el dirigente opositor cuenta con una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia ante la que han denunciado la situación. 

La diputada Adriana Pichardo, activista de derechos humanos y dirigente de la tolda naranja, considera que la segunda detención se debe a que Caro “es una voz más en contra de la dictadura de Nicolás Maduro” y a su pertenencia a VP, partido en el que también milita el presidente interino Juan Guaidó. 

“Era una víctima muy fácil para ellos. A más de 20 diputados les ha sido ilegalmente allanada la inmunidad. Quienes ya han sido víctimas del sistema de injusticia que prevalece en Venezuela se convierten en rehenes mucho más fáciles de anular, con el objetivo de acabar definitivamente con el Parlamento, único poder legítimo que además hoy sustenta la Presidencia encargada”, manifestó.

Una pesadilla repetida

Al legislador, de 45 años de edad, lo detuvieron en 2017 junto con su novia, Steicy Escalona. Durante 22 horas no se conocía el paradero de ambos. Los mantuvieron incomunicados, fue trasladado a varios centros hasta que a los 117 días de la detención, y sin que se hubiese realizado la audiencia de presentación, lo llevaron desde la cárcel 26 de Julio, en Guárico, al penal de Tocuyito. 

El 2 de marzo de 2017 fue trasladado una vez más bajo el cargo de un supuesto plan de fuga; 72 horas después sus familiares pudieron constatar que lo habían trasladado a la cárcel Fénix, en el estado Lara.

“Esto ha sido una zozobra. No es justo que ya en una oportunidad nos hayan hecho vivir todo esto. El régimen lo agarra otra vez, le viola todos sus derechos y aquí no pasa nada, aquí no hay ley”, expresó la hermana del diputado. A su juicio, la “libertad” que le dieron en 2018 fue un paño de agua caliente, en vista de que “él realmente jamás dejó de estar perseguido porque es un luchador social y al régimen no le conviene tener personas como Gilber Caro, que le hable a la gente sobre la realidad de lo que sucede en el país”. 

“Mi hermano es una persona que está silenciada a la fuerza”, subrayó. 

La madre del dirigente opositor es una octogenaria que sufrió un principio de ACV debido a la impresión que le causó la primera detención. “Mi mamá está muy mal, sufre, no duerme. La he tenido en cama, con depresión. Ella quiere verlo, pregunta por qué nuevamente se está cometiendo esta arbitrariedad; dónde están los derechos de sus hijos”, contó la hermana del preso político. 

Los hijos del parlamentario, una adolescente de 13 años de edad, y su sobrino, de 4 años, al que está criando desde que era bebé, también se han visto afectados por la situación. Carolina Caro señaló que su sobrina ha bajado el rendimiento escolar por la preocupación de no saber nada de su padre, y que el pequeño ha desarrollado ansiedad, por lo que han tenido que llevarlo a un psicólogo. Además, que la familia se ha visto acosada por funcionarios del Sebin que merodean portando armas largas por su vivienda, en Catia, en el oeste de Caracas, y por el colegio del niño. 

“Como familiares hemos sido perseguidos. Tengo que vivir encerrada. No puedo salir, al niño no he podido ni llevarlo al colegio”, dijo. 

Pese a la situación, destacó que han contado con la solidaridad de sus vecinos, que han sido testigos de la persecución que han vivido, y les han brindado su apoyo: “Es impresionante y es hermoso porque la gente te ayuda, te alienta”. 

“Nos mantenemos firmes y fuertes para seguir dando la lucha por mi hermano, por la libertad del país y para que haya justicia ante tantas aberraciones que se han cometido con todo el que no esté de acuerdo con lo que vivimos. Anhelo ver a mi país otra vez libre y no como antes, sino mejor que antes”, expresó. 

La familia, la defensa y los compañeros de partido del legislador, más allá de pedir fe de vida o una visita, exigen a la cúpula gobernante su liberación inmediata debido a que con la detención, que “evidencia una violación flagrante del debido proceso y de la Constitución”, se están vulnerando sus derechos humanos. 

“Yo no le pido a Nicolás Maduro que me deje ver a mi hermano; yo le exijo que lo ponga en libertad porque Gilber es completamente inocente. Él no tiene que estar en la cárcel, porque no ha cometido ningún delito”, afirmó Carolina Caro.


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