Margarita López Maya, historiadora y doctora en Ciencias Sociales por la UCV, señala que en el Estatuto que rige la transición a la democracia, propuesto por la Asamblea Nacional, ha faltado clarificar el papel de los militares en el desenvolvimiento de la democracia: “Hay unas cúpulas en los altos mandos que la pasan bien, pero en los niveles medios y bajos no están comiendo, se les somete a vejámenes; hay que tener un discurso para persuadir a las fuerzas armadas de que les va a ir bien en democracia”, indica la experta.

¿Qué función estarían llamadas a cumplir las fuerzas armadas en la transición?

—Sin los militares es difícil llegar a las puertas de la transición democrática, es el poder más importante del Estado y está alineado con Maduro. En un Estado hecho trizas, ellos son la única red para ayudar en la distribución de alimentos y medicinas, porque la transición necesita llegar hasta las poblaciones más vulnerables. Además, tienen una función en la preservación del territorio y en el monopolio de la violencia.

Da la impresión de que no escuchan la oferta de amnistía y la orden de obediencia que les ha dado el presidente de la AN, Juan Guaidó.

—El 23-F Maduro se sostuvo con colectivos armados, milicias y paramilitares, todo un concepto de pueblo armado, de delincuentes armados, así que yo no estoy tan segura de que el Ejército no esté preocupado. Pienso, al contrario, que hay un problema de fragmentación y desarticulación de la Fuerza Armada que hace difícil la insubordinación en bloque, y lo que se ve es un escape hacia la frontera, una desmoralización de los niveles medios y bajos y un aislamiento de los altos mandos muy controlados por Cuba. Hay más de 180 oficiales presos.

¿Una transición en Venezuela supone el trazado del camino para superar un modelo socialista pero, acaso, también, uno democrático que fracasó?

—Es una ruta para volver a un régimen democrático. La Constitución de 1999 que la Asamblea Nacional quiere recuperar es de matriz conceptual representativa, incorpora el principio participativo y el de la descentralización para hacer más democrático, y no más autoritario, el sistema político. Aunque hay chavistas y hasta académicos que dicen que ahí se halla el germen de un modelo socialista.

¿No requeriría entonces revisión?

—Sí, y estos 20 años lo han demostrado. Hay que revisar la reelección indefinida, que entró en 2009 como una enmienda constitucional y afectó el principio de la alternancia. Lo urgente sería incorporar el tema en los acuerdos políticos de la transición con el compromiso de eliminarla y volver a la alternancia y al equilibrio en la competencia electoral.

Pone énfasis en su afirmación.

—Sí, hay que hacerlo, porque es difícil que un gobernante en ejercicio pierda las elecciones; en América Latina se ha demostrado que es imposible competir con una autoridad en ejercicio.

El profesor Gurutz Jáuregui ha escrito que la “transacción” es el modelo “que mejor ha resistido el paso del autoritarismo a la democracia”. ¿Venezuela podría enfilar por ese rumbo?

—El estatuto no incluye una negociación, sino una ruta para llegar a la transición sin pacto. Un acuerdo sería conveniente, pero debe haber una voluntad de cambio; sin embargo, Nicolás Maduro tiene mucho poder y está sostenido por el brazo armado de la República. Hasta la fecha, él ha usado la negociación para ganar tiempo, sin reconocer que hay momentos para ganar y otros para perder. El chavismo no acepta la alternancia política.

¿La transición que propone la AN es novedosa?

—Imagínate, se está tratando de regresar al Estado de Derecho desde la AN, que es un poder público legítimo; es un ensayo inédito ya que históricamente ninguna de las experiencias de transición se ha propuesto desde la legitimidad de un poder. Y esa creatividad aparece por la obstinación de Maduro de no admitir que tiene un colapso económico y una crisis gigantes, y por colocarse por encima de la Constitución y las leyes. En el futuro se estudiará el grado de disociación de este gobierno.

Hablaba de la probable novedad del proceso de transición venezolano.

—Sí, la AN es el único poder autónomo, independiente, que queda de la democracia representativa, plural; el espacio de la Constitución, del consenso; fue reconocida por la comunidad internacional, y se apegó a los artículos 233, 333 y 350 ante la usurpación del poder. Esa es la ruta novedosa que estamos transitando ante el cierre de todas las demás. Es una estrategia política y ha significado que tengamos dos presidentes y dos legislativos.

¿Se refiere a asuntos de legitimidad e ilegitimidad?

—Tenemos una AN electa por procedimientos constitucionales, y una ANC elegida por otras vías. Esa dimensión de lo legal es una lucha que dirá quién tiene más fuerza para imponer su proyecto político. Un gobierno insurgente sin fuerza para lograr el cese de la usurpación es lo que hace tan complicado todo. No estamos en el reino del Estado de Derecho, sino en medio de una lucha política entre dos fuerzas: la de Maduro, que pugna por su permanencia en el poder, y la que busca el cese de esa usurpación para volver al Estado de Derecho.

Usted ha escrito que el Estado chavista se sirvió de la “naturaleza patrimonialista” para permanecer en el poder. ¿La economía rentística del petroestado es la responsable de lo ocurrido?

—La debilidad del petroestado es que no se sostiene sobre la tributación sino sobre la renta, entonces la élite gobernante se divorcia de la sociedad y hace lo que da la gana. En los Estados modernos, los funcionarios dependen del ISLR que la gente paga y por eso se sienten obligados a mejorar los servicios, a preservar la seguridad, pero cuando este vínculo es muy débil, como en los casos de Pérez, Caldera, Chávez, Maduro, que han vivido de la renta, aparece la distorsión que produce el petroestado.

¿En qué consiste esa distorsión?

—En realidad, es algo más que una distorsión, es una tradición patrimonialista histórica en la cual el gobierno asume los derechos públicos como si fueran suyos y los utiliza para el beneficio de su familia y allegados. Teorías recientes aducen que en el siglo XXI quedan Estados modernos con burocracias que se rigen por la ley, por procedimientos de carreras que funcionan de manera universal y tratan a todos por igual, y quedan los Estados patrimoniales, basados en la amistad y el amiguismo, en los que se usan los poderes públicos y las relaciones como rutas para el enriquecimiento y hacer fortuna; ese es “el enchufado” del Estado corrupto e ineficiente que tenemos.

En el artículo 7, apartado 3, del Estatuto para la transición se habla del “restablecimiento del Estado democrático con la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas en el menor tiempo posible”. ¿Cómo se impediría el regreso del modelo autoritario?

—Ese es un dilema. En Alemania se prohibieron los partidos totalitarios después de Hitler. El estatuto no plantea la prohibición del PSUV ni de Somos Venezuela, porque se espera la emergencia de una vocación democrática. Es tarea de la gobernanza en la transición que ese monstruo, esas fuerzas primitivas, intolerantes y criminales que representa Maduro se logren contener en una expresión política que al ir a las urnas sea una minoría. Hay que ponerles límite.

¿Maduro competiría?

—No puede competir porque no tiene esa vocación. No obstante, no se descarta que en el afán de permanecer, el partido elija transformarse, pues si no lo hace va a ser una fuerza externa violenta que saboteará el Estado de Derecho: ellos están armados y controlan 300 alcaldías y gobernaciones, esas son las cosas de la transición de las que todos los venezolanos tenemos que tener conciencia.

En su artículo 18 el estatuto postula una Comisión de la Verdad. ¿De qué manera la democracia podrá impedir que esos crímenes vuelvan a ocurrir?

—Para sanar una sociedad que ha pasado por procesos traumáticos es necesario que se conozca la verdad; el Estado autoritario, delincuente, criminal de Maduro tiene un aparato de propaganda que ha ocultado la verdad, y el proceso de sanación en Venezuela pasa por conocerla: ¿qué pasó con Fernando Albán, con los que murieron en 2014, en 2017, en las cárceles?

Los delitos de derechos humanos no prescriben.

—Así es, sin embargo, hoy se tienen registros, documentación, y las organizaciones sociales deben saber que eso está ahí, pero no hay tribunales, es preciso construir un Poder Judicial. Ese es un proceso largo. El problema actual es que se muere la gente porque no tiene acceso a alimentos ni a medicinas y hay más de 3 millones de personas afuera sin identidad.

—El historiador Rafael Rojas recuerda que la izquierda identifica democracia y neoliberalismo y así la estigmatiza.

—Hemos sufrido en carne propia la ceguera de la izquierda latinoamericana. Hay una doble moral: cuando llega un gobierno que aplica políticas neoliberales, la izquierda alega que el mismo es anticapitalista y lo estigmatiza, pero cuando aparecen grupos políticos que se dicen revolucionarios, aunque cometan crímenes de lesa humanidad, se solidariza con ellos. En la medida en que el sistema se vuelve autocrático la izquierda se hace la ciega.

—Maduro califica a la oposición de derechista.

—Hay unas gríngolas ideológicas que miden todo con una doble moral, si se trata de Duque o Macri, ellos son atroces porque son de derecha; cuando el problema no es ese, el problema es que hay regímenes patrimonialistas violadores de todos los derechos de la población como el nicaragüense, el cubano y el venezolano, y hay otros que tienen instituciones democráticas y respetan los derechos de la gente.

—¿Cómo irán a comprenderlo?

—El reto es que se pongan en el tiempo real: más de 80% de los venezolanos quiere volver a tener democracia, un Estado de Derecho que permita comer, contar con mercados, eso no es capitalista, es algo que han tenido todas las civilizaciones que han prosperado, y eso lo expresa la fuerza opositora que no es de extrema derecha, sino democrática.

“Es tarea de la gobernanza en la transición que ese monstruo, esas fuerzas primitivas, intolerantes y criminales que representa Maduro se logren contener en una expresión política que al ir a las urnas sea una minoría”

“El Estado autoritario, delincuente, criminal de Maduro tiene un aparato de propaganda que ha ocultado la verdad, y el proceso de sanación en Venezuela pasa por conocerla: ¿qué pasó con Fernando Albán, con los que murieron en 2014, en 2017, en las cárceles?”.


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