La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentó ayer un balance de los hechos ocurridos por la violencia que se ha registrado desde principio de mes cuando comenzaron las protestas convocadas por la oposición.
Confirmó el fallecimiento de 26 personas –4 de las víctimas eran menores de edad– y también mostró preocupación por la presencia de civiles armados que actúan en las manifestaciones antigubernamentales.
Informó que desde el 3 de abril hasta el lunes 24 de abril 1.289 personas han sido aprehendidas y 65 continúan arrestadas, mientras que 437 resultaron lesionadas. Agregó que ayer se realizó la audiencia de presentación de 267 detenidos.
La titular del Ministerio Público señaló que los cuerpos de seguridad están incumpliendo los procedimientos legales en algunos arrestos. Por un lado, dijo que los expedientes no aclaran los detalles de cómo se produjo la privación de libertad y que tampoco se ha utilizado la orden de captura, cuando la aprehensión no se cometió en flagrancia. Hizo mención a las prácticas “anómalas” de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Nueva Esparta.
“Desde el punto de vista constitucional, así como del Código Orgánico Procesal Penal, los ciudadanos solo pueden ser aprehendidos en flagrancia o a través de una orden judicial. Cuando la detención es en flagrancia desde estar sustentada en un acta policial que explique de forma detallada las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que fue sorprendido el aprehendido”.
Además de estas irregularidades, la fiscal también denunció que los tribunales incumplen la orden de liberación de algunas personas. Se refirió al caso de los 38 detenidos el 19 de abril en el estado Nueva Esparta. Pese a que está demostrado que la GNB hizo una aprehensión ilegal, que hubo vicios en la sustanciación del expediente y que la Fiscalía pidió la libertad plena, aún siguen encarcelados.
Señaló que bajo ninguna circunstancia los funcionarios policiales o militares pueden obviar la legislación venezolana. “Hasta en un estado de excepción debe respetarse el debido proceso”, señaló.
En este sentido, dijo: “El país necesita seguridad jurídica y debe haber certeza de que si una persona cometió un delito debe ser sancionado”.
Exigió respeto para quienes hacen críticas: “No se puede descalificar al que piense diferente”. Llamó a todos a moderar el discurso. “En un sistema democrático los actores políticos no deben promover discursos de odio, pero sí elevar el nivel del debate público”.
Pidió a los sectores que llaman a la tranquilidad a tener un comportamiento cónsono. “La paz no se decreta, se construye con actuaciones y al predicar con el ejemplo. Que nadie se aventure a recorrer caminos distintos a los establecidos en nuestra Constitución nacional”, expresó Ortega Díaz.
Abogó por el diálogo como método para evitar la violencia y otros hechos que lamentar. “Nadie desea para nuestro país una guerra civil, ni mucho menos una injerencia extranjera, que yo repudio y rechazo. Por eso, debemos buscar un mejor futuro para nuestros hijos y nietos”, puntualizó.
Las declaraciones de la fiscal general no fueron televisadas en vivo a través de ningún canal del Estado. En su lugar fue transmitido un acto político encabezado por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Trascendió que en VTV hubo la orden de no interrumpir el acto de Cabello y por ello no fue transmitida la rueda de prensa de la fiscal.
Detenidos civiles y policías. Ortega Díaz reiteró que tres funcionarios policiales permanecen detenidos: uno de la PNB y dos policarabobo por ser los presuntos responsables de varias muertes ocurridas en Miranda y Carabobo. 10 personas fueron aprehendidas por los daños a la sede de la Magistratura en Chacao y otras 10 por actos vandálicos contra el Hospital Materno Infantil de El Valle, en Caracas. También reiteró que fueron emitidas 14 órdenes de captura por la muerte de Gruseny Antonio Canelón, de 32 años de edad, ocurrida el pasado 13 de abril en Cabudare, estado Lara.
En un sistema democrático los actores políticos a no deben promover discursos de odio, pero sí elevar el nivel del debate público”.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general