José Vicente Haro, abogado constitucionalista, aseguró que la enmienda propuesta por la Asamblea Nacional no es retroactiva como argumenta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su rechazo.La Sala Constitucional del TSJ determinó este lunes que la enmienda constitucional propuesta por el Parlamento es «inviable» al asegurar que quebrantaría el ejercicio soberano de la población quien eligió al presidente. Además indica que la aplicación de los cambios no sería inmediata y que su carácter va en contra del marco legal vigente al ser retroactiva en el tiempo.»Toda enmienda constitucional requiere la aprobación del pueblo, así que éste es un criterio políticos por parte de los magistrados. Están prohibiendo a la población expresarse de manera democrática», agregó en entrevista a Globovisión.Explicó que la retroactividad se aplica cuando la enmienda establece como nula la elección del mandatario nacional, planteamiento que no figura en este proyecto, pues solo establece reformas al periodo de gobierno y los procedimientos en casos de renuncia y revocatorio.Recordó la enmienda propuesta por el presidente Chávez en el año 2007. En ella se han modificado 69 artículos, entre los que estaba la activación de la reelección indefinida.»No existió freno del TSJ para aplicar inmediatamente la enmienda propuesta por Chávez para reelección», acotó.»El gobierno considera que todo pronunciamiento en su contra es un golpe de estado (…) El Ejecutivo tiene que entender que es necesario dar una válvula de escape electoral para decidir la permanencia del presidente en el poder», detalló.Carta Democrática InteramericanaUn grupo de diputados de la MUD sostendrá a finales de mes un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para discutir la aplicación de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta acción entraría en vigencia de ser aplicada la Carta Democrática Interamericana.Haro indicó que el «túmulo de decisiones» del TSJ y del gobierno ha afectado el orden constitucional y negándole sus facultades a la Asamblea Nacional.»Después de 12 sentencias en contra del electorado, se ve como se le ha quitado a la Asamblea Nacional sus facultades y funciones. Vemos como el Parlamento no ha podido ser eficaz en su función contralora y legisladora», detalló.Para el abogado, estas son causas suficientes para activar el mecanismo que busca combatir las acciones de mandatos que vulneran los principios democráticos.


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