Familiares de 10 presos políticos apresados la semana pasada durante la Operación Gedeón II, denominada así por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, denunciaron ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional torturas, agresiones y aislamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional contra sus parientes, quienes fueron trasladados ayer a la cárcel militar de Santa Ana, en Táchira.
Los 10 ciudadanos, entre ellos un menor de edad y una mujer, fueron detenidos en diferentes lugares y circunstancias. Sin embargo, todos fueron relacionados con el Movimiento Nacionalista que preside el ex ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres. Las personas fueron involucradas en la misma causa y acusadas de cinco delitos militares: instigación a la rebelión militar, sustracción de efectos militares, traición a la patria, robo de municiones y ultraje contra el decoro militar. El expediente fue remitido a la Corte Marcial para iniciar el juicio en una jurisdicción militar, pese a tratarse de civiles.
Entre los detenidos se encuentra Vasco Da Costa y José Luis Santamaría, presos políticos del año 2014 que gozan de una medida de libertad otorgada en diciembre del año pasado. Estos serían los únicos que se conocen, de acuerdo con testimonios del resto de los familiares. Los otros detenidos no tienen ningún tipo de relación.
“Ahora se inventa una nueva historia para simplemente justificar un nuevo caso de persecución política que viene precedida por graves hechos de torturas, allanamientos ilegales en la residencia de varios de ellos”, manifestó la parlamentaria Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, desde donde remitirán a la Corte Penal Internacional este caso como prueba complementaria de la violación de derechos humanos en Venezuela.
Mónica Santamaría denunció que su hermano José Luis fue gravemente torturado durante los días que estuvo desaparecido luego de su detención. Indicó que presenta inflamación en las manos, dolor en el abdomen y golpes en la cabeza. Exigió a las autoridades la realización de la prueba forense.
“Ha habido mayor saña contra los detenidos para tratar de justificar las injusticias. Ellos no han cometido ningún acto delictivo”, agregó Santamaría.
Ana María Da Costa denunció que su hermano, a través del Movimiento Nacionalista, tramitaba la contratación de dos empresas exit poll internacionales para medir la abstención durante las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Para ella esa es la única razón por la cual Vasco Da Costa y las otras nueve personas están siendo perseguidas. Denunció que su hermano fue amenazado días antes de la detención.
“La verdad es que aquí pensar diferente es delito y eso es lo que está trayendo como consecuencia estas detenciones precedidas por hechos de torturas”, expresó Solórzano.
La mayor preocupación de los familiares, aparte de la vida y la integridad de sus parientes, es la dificultad de llegar al lugar a donde fueron enviados durante 45 días mientras se desarrolla la investigación. Indicaron que no cuentan con recursos económicos para viajar a Táchira y visitar a los detenidos.