Las excarcelaciones de presos políticos del 1° y 2 de junio han dejado dudas acerca del tratamiento de la justicia en el país. Representantes de ONG de derechos humanos coinciden en que el gobierno ha tratado de engañar a los venezolanos y a la comunidad internacional anunciando una cifra inflada de prisioneros excarcelados.
Acceso a la Justicia señala en un informe que el gobierno actuó de manera fraudulenta, al notificar y hacer propaganda de la supuesta liberación de 80 personas vinculadas a “acciones de violencia políticas” –como las han denominado las autoridades– cuando en realidad, por orden del presidente Nicolás Maduro, les otorgaron medidas sustitutivas de privación de libertad apenas a 52 presos políticos, menos de la cuarta parte de la cantidad de prisioneros que había para principios de junio.
La ONG advierte que en la lista de 39 personas que dio a conocer el Tribunal Supremo de Justicia el primer día de excarcelaciones, incluyeron a estafadores y a presos comunes para inflar las cifras. “La acción engañosa de excarcelar a colectivos y estafadores entre presos políticos, así como las numerosas violaciones a las leyes y la Constitución dejan patente cómo el Poder Ejecutivo promueve la impunidad y la violación al Estado de Derecho en oposición a la normativa existente”, expresa el documento.
“No entiendo por qué sacaron de la cárcel a colectivos y personas vinculadas con estafas. El gobierno sabe quiénes son los presos políticos y en qué centros de reclusión los tienen pasando penurias”, expresó Rosa Orozco, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y madre de Geraldine Moreno, asesinada durante las protestas de 2014.
Orozco indicó que el incremento de la persecución política ha ocasionado que en las instituciones de justicia haya un desorden con las cifras de presos políticos. Dijo que durante las excarcelaciones se demostró que hay diferencias en la información que maneja el Ministerio Público y los tribunales. Por ejemplo, en la única lista que el TSJ hizo pública hubo dos personas que habían sido excarceladas meses antes y otras dos que se encuentran en el exilio. Sin embargo, las incluyeron en el otorgamiento de medidas restrictivas.
Así también lo demuestra el registro del Foro Penal Venezolano, en el cual indican que 5 de los 52 excarcelados tenían medidas sustitutivas de privación de libertad. Revelan que el TSJ incluyó a Juan Pedro Lares, hijo del ex alcalde de Ejido (Mérida), que le otorgaron medidas cautelares, pese a que en los 10 meses que estuvo detenido e incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide no fue presentado en tribunales.
Ana Leonor Acosta, abogado miembro de la Coalición por la Democracia y los Derechos Humanos, aseguró que las excarcelaciones demostraron la falta de independencia de poderes que existe en el país. A su parecer, la actuación inmediata de los tribunales a la orden de Maduro y de la asamblea nacional constituyente evidenció que el gobierno tiene presos políticos y que la justicia en Venezuela no obedece la ley.
“No hay Estado de Derecho. El Poder Judicial es el brazo ejecutor del gobierno; está sometido al Ejecutivo”, agregó. Dijo que para hoy el gobierno había prometido desarrollar liberaciones de otro grupo de presos políticos.
As bajo la manga. Los abogados y activistas por los derechos humanos ven con suspicacia el gesto del gobierno con los presos políticos, que vino luego de la protesta que desarrollaron el 17 de mayo dentro del Sebin en El Helicoide, la cual tuvo repercusión mundial.
Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, afirmó que el objetivo del gobierno con las excarcelaciones es pretender venderse como magnánimo y conseguir reconocimiento de la comunidad internacional “que no lo tienen”.
“Intentan lavarse la cara con supuestas liberaciones, pero son personas que continúan siendo presas porque tienen que presentarse en tribunales, no las dejan hablar ni salir del país”, dijo Orozco.